La Dirección General de Migración (DGM) conmemora este martes 14 de abril su 87 aniversario destacando que más de 380 mil extranjeros fueron deportados en 2025 por no cumplir con los requisitos legales para permanecer en la República Dominicana, en medio de un fortalecimiento sostenido de sus funciones de control.
La institución, creada hace 87 años con el objetivo de regular la entrada y salida de personas por aeropuertos, puertos y la frontera terrestre, ha experimentado una transformación significativa, detalla una nota de prensa. «Si en sus inicios los movimientos migratorios eran limitados debido a las pocas vías de transporte, hoy la realidad es muy distinta: la DGM procesa cerca de 26 millones de transacciones de control migratorio al año».
De ese volumen, aproximadamente 11.7 millones corresponden a turistas que ingresan y salen del país, mientras que cerca de 1.3 millones son dominicanos que también pasan por los puntos de control oficiales. Estas cifras reflejan no solo el crecimiento del flujo migratorio, sino también el reto operativo que enfrenta la entidad en materia de vigilancia y regulación.
El director general de Migración, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, valoró el compromiso del personal de la institución, destacando su vocación de servicio en un contexto cada vez más exigente. Asimismo, agradeció el respaldo del presidente Luis Abinader y de organismos como el Ministerio de Defensa, Interior y Policía, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el DNI, la DNCD y la Procuraduría General de la República, entre otras entidades.
En el marco de este aniversario, la DGM informó que las actividades conmemorativas fueron suspendidas debido a las condiciones meteorológicas que afectan al país, priorizando la seguridad.
Pese a ello, la institución reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo los controles migratorios, en un escenario donde el volumen de personas que entra y sale del territorio nacional no deja de crecer. La cifra de deportaciones, lejos de ser un dato aislado, marca la línea de una política más estricta en la aplicación de las leyes migratorias.
