Dijo que la normativa consensuada impulsa la transformación del sistema de compras del Estado dominicano
Santo Domingo. – El Senado de la República aprobó este jueves en primera lectura el proyecto de Ley de Contrataciones Públicas, una iniciativa legislativa que constituye un paso trascendental hacia la modernización, fortalecimiento institucional y mayor transparencia en el sistema de compras del Estado dominicano, de acuerdo con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
Esta pieza normativa, indicó, es el resultado de un amplio proceso de consulta y construcción participativa, iniciado en el año 2021, en el que han sido escuchadas y tomadas en cuenta las opiniones de todos los sectores vinculados a la contratación pública: organismos del Estado, sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, la academia y ciudadanía en general.
A través de un comunicado, la DGCP destacó que el proyecto aprobado recoge los principales estándares internacionales en la materia; incorpora las mejores prácticas de integridad pública y fortalece los mecanismos de control, rendición de cuentas, eficiencia administrativa, inclusión y participación.
Entre sus principales aportes se destacan:
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• Un nuevo marco de gobernanza del sistema, con roles y responsabilidades claramente definidos para los distintos actores institucionales.
• Mayores herramientas para prevenir y sancionar irregularidades, garantizando un régimen más efectivo de consecuencias.
• Reglas específicas para compras sostenibles, inclusivas y responsables, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
• Más transparencia y trazabilidad en cada etapa del proceso contractual, gracias al uso de herramientas tecnológicas y datos abiertos.
• Fortalecimiento del control ciudadano y del principio de mérito en la selección de contratistas.
La DGCP aseguró su respaldo firme a esta propuesta legislativa desde sus inicios, y reiteró su compromiso con su pronta implementación.
La institución aseguró que se encuentra preparada para desarrollar todos los mandatos, mecanismos y herramientas que contempla el nuevo marco legal, incluyendo la adecuación de los sistemas tecnológicos, la capacitación de los actores del sistema, la elaboración de reglamentos y la difusión de nuevas directrices para las entidades contratantes y los proveedores.