El juez Rigoberto Sena dictó anoche prisión preventiva para cinco de los 10 imputados de incurrir en sobornos en cinco instituciones del Estado, y arresto domiciliario e impedimento de salida para los otros cinco que negociaron con el órgano acusador.
El mayor general (r) Carlos Ambrosio Robles Díaz, del Ejército; los coroneles activos Luis Ernesto Vicioso Boció, Francisco Guarín Fernández, Elías Caamaño Pérez y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar (FAD), fueron enviados a cumplir la media en prisión por la gravedad de los hechos que se le imputan y el peligro de fuga que representan, dijo el juez Sena.
En tanto que el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, Bolívar Nicolás Fernández Espinal; los coroneles Andrés Pacheco Valera, y Ramón Quezada Ortiz, así como el primer teniente Wellington Peralta Santos, cumplirán prisión domiciliaria por disposición del tribunal.
El juez valoró la disposición de estos a admitir los hechos que se le imputan y a colaborar con el MP en las investigaciones del caso que continuarán.
Reacción del MP
Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Anticorrupción, cuestionó la decisión del juez, no obstante haber privado de libertad a todos los encartados y declarar la complejidad del caso.
Se quejó de que desde el Poder Judicial “se predica la teoría, el discurso” sobre la necesidad de que hayan más acuerdos en el proceso penal, “pero desde la práctica se envían decisiones contradictorias que podrían desincentivar la realización de acuerdos por parte del Ministerio Público”.
Dijo que no obstante, el Ministerio Público continuará haciendo acuerdos en la medida que las personas cooperen con la investigación.
“Le seguiremos dando el mismo tratamiento y haciendo acuerdos en este y en todos los demás procesos”, señaló el director nacional de Persecución de la Procuraduría General.
Además, informó que “la dinámica de pagos de sobornos” en la contratación de seguridad privada para el Inaipi, Senasa y las tres distribuidoras de energía eléctrica Edenorte, Edesur y Edeeste es más que los RD$108 millones que el MP presentó en la solicitud de medida de coerción, y advirtió que darán con todo.
“Nosotros vamos a ir por todos, y no descartamos un Lobo 2.0”, puntualizó Camacho a la salida de la audiencia que concluyó pasadas las 9:00 de la noche.
Los imputados permanecían en la cárcel del palacio de Ciudad Nueva.
