El juez del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas, advirtió sobre los riesgos de imponer penas mínimas excesivamente altas en el nuevo Código Penal, señalando que limitarían la capacidad de los jueces para aplicar sanciones proporcionales según la gravedad de los hechos.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Vargas advirtió sobre lo que considera una “inflación del límite inferior de la pena imponible”. Señaló que el nuevo texto contempla sanciones con mínimos de entre 10 y hasta 20 años de prisión para ciertas infracciones, lo que —a su juicio— restringe de forma significativa la capacidad de los jueces para aplicar criterios de proporcionalidad en las condenas, tal como lo establece el artículo 339 del Código Procesal Penal.
“Del nuevo Código Penal, en tránsito para ser convertido en ley, me preocupa la inflación del límite inferior de la pena imponible», escribió el magistrado. «Se contemplan castigos con un mínimo de 10 y hasta de 20 años para algunas infracciones, lo que reduce significativamente la facultad de los jueces para aplicar los criterios de determinación de las penas”.
Vargas sostuvo que imponer penas mínimas tan elevadas puede resultar injusto en casos donde la participación del acusado en un delito haya sido secundaria o poco relevante. En ese sentido, pidió a los legisladores que reconsideren estos puntos y otorguen mayor flexibilidad a los jueces para dictar sentencias más justas y proporcionales según cada situación.
El magistrado mencionó directamente a las cuentas oficiales del Senado, la Cámara de Diputados, así como a los presidentes de ambas cámaras, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos.
“Creo que los legisladores deberían ponderar este aspecto, ya que podrían darse circunstancias en que una persona resulte culpable de un hecho punible, y por su participación no relevante merezca un castigo de menor drasticidad”, concluyó Vargas.
