Por: Dr. Miguel Rojas Agosto
En los últimos días, las calles y los espacios públicos de nuestro país han vuelto a vibrar con una energía que trasciende la coyuntura política inmediata. Las manifestaciones ciudadanas y los cacerolazos —con episodios tan simbólicos como los congregados en la Plaza de la Bandera— no son simples actos aislados de descontento; son el reflejo de un cansancio acumulado que exige ser interpretado con responsabilidad y altura democrática.
Como profesional de la medicina, aprendí temprano que una enfermedad rara vez comienza con un colapso repentino. Antes de que el sistema ceda, el cuerpo emite signos y advertencias claras de que algo no funciona como debería. Las sociedades funcionan bajo la misma lógica. Cuando la ciudadanía alza la voz de manera transversal, minimizar el diagnóstico no es solo un error de cálculo político, es una irresponsabilidad institucional.
Hoy, el malestar se manifiesta en múltiples frentes que convergen en una misma preocupación:
• El alto costo de la vida y el precio de los alimentos básicos.
• El impacto de los combustibles y las cargas impositivas, incluidas las transferencias bancarias.
• La inquietud latente en torno a la preservación y respeto de la libertad de expresión.
No estamos ante el ruido vacío de la confrontación partidaria, sino ante el grito real de una madre que comprueba cómo el dinero no alcanza, de un joven que ve desvanecerse sus oportunidades, de un trabajador cuyo esfuerzo diario pierde valor adquisitivo y de un pequeño comerciante asfixiado por nuevas cargas económicas.
Este escenario tiene como epicentro la Plaza de la Bandera, un espacio que ocupa un lugar sagrado en nuestra memoria democrática reciente. Más allá de las circunstancias particulares de cada época, este monumento representa el derecho legítimo e inalienable de la ciudadanía a expresarse de forma pacífica.
Conviene recordarlo sin ambages: los símbolos patrios no pertenecen a un gobierno de turno ni a una sigla partidaria; le pertenecen por entero al pueblo dominicano. En una democracia genuina, las señales de alerta que emergen de estos escenarios no se reprimen, no se minimizan y tampoco se ridiculizan. Se interpretan, se atienden y se responden con humildad republicana.
La confianza ciudadana es el activo más delicado y valioso con el que cuenta cualquier administración pública. Se edifica lentamente a través del tiempo, la coherencia y la cercanía, pero se desmorona con rapidez cuando la población percibe que sus angustias cotidianas no encuentran eco ni respuestas en sus autoridades.
Ninguna nación se fortalece coartando los espacios de expresión o intentando maquillar una realidad que el pueblo dominicano no necesita que le expliquen, porque la padece cada jornada en el supermercado, en el transporte público, en el entorno laboral y en la mesa familiar.
Si en el ejercicio de la medicina ignorar los síntomas clínicos solo sirve para empeorar el pronóstico y retrasar el tratamiento adecuado, en la política ocurre exactamente lo mismo: escuchar a tiempo es infinitamente más inteligente que minimizar el problema; dialogar siempre será superior a descalificar; y corregir el rumbo a tiempo resultará siempre menos costoso que reaccionar tarde, cuando el daño social ya es profundo.
Como ciudadano, como profesional de la salud y como dirigente político, mi deber permanente es estar del lado de la gente. Esa es la línea de orientación que nos marcan el presidente Danilo Medina y el secretario general Johnny Pujols desde el Partido de la Liberación Dominicana (PLD): mantener los oídos abiertos a las demandas sociales y construir una oposición que sea firme, responsable y guiada por un auténtico sentido nacional.
Cuando la sociedad habla, la democracia exige escuchar con atención. Quien decida ignorar el clamor de un pueblo exhausto se condenará a gobernar en el vacío. El futuro de nuestra nación se construye escuchando a la gente, o simplemente no se escribirá.
