En política, un día se es clavo y otro día se es martillo. Se comprende que las posiciones cambien cuando cambian las circunstancias, las responsabilidades o la información disponible. Lo que no debería cambiar con tanta facilidad es la coherencia de los argumentos.
Y en el debate sobre la facturación eléctrica, la memoria importa.
Hace más de una década, cuando quien hoy cuestiona las explicaciones del sector eléctrico tenía la responsabilidad de dirigirlo, reconocía públicamente una realidad: las altas temperaturas incrementaban el consumo de energía y ese aumento podía reflejarse en la factura de los consumidores. Incluso se explicaba que era un comportamiento normal que ocurría cada año.
Hoy, ante las quejas por facturación, el discurso pone el acento en cuestionar que el aumento del consumo sea una explicación suficiente.
Y aquí conviene hacer una pausa.
Nadie debería pretender que una factura elevada sea aceptada sin explicación. Todo usuario tiene derecho a conocer cómo se calcula lo que paga, a reclamar cuando tenga dudas y a exigir que cualquier irregularidad sea investigada. Las distribuidoras, por su parte, tienen la responsabilidad de informar con claridad y responder con transparencia.
Pero exigir una explicación completa no debería llevarnos a desconocer una realidad que antes se reconocía como válida.
El consumo eléctrico no es una opinión. Cuando aumentan las horas de uso de los acondicionadores de aire, abanicos y otros equipos, especialmente durante los períodos de calor, ese comportamiento puede reflejarse en la energía consumida y, por tanto, en la factura. Explicarlo no es justificar errores; es ayudar a que el usuario comprenda qué está pagando.
Del mismo modo, reconocer que una factura puede contener errores no significa asumir que todo aumento es una irregularidad.
La discusión debería ser más responsable: ¿cuánto consumió el usuario?, ¿cómo se midió?, ¿cómo se aplicó la tarifa?, ¿qué factores explican la variación? Esas son las preguntas que permiten llegar a conclusiones, no las posiciones políticas del momento.
Porque la ciudadanía merece algo más que argumentos que se acomodan a la circunstancia. Merece que quienes han tenido responsabilidades en el sector mantengan una línea de coherencia entre lo que explicaban ayer y lo que cuestionan hoy.
El internet no olvida. Las declaraciones permanecen, los argumentos quedan registrados y las posiciones pueden ser contrastadas. No para impedir que alguien cambie de opinión, sino para recordar que la credibilidad también se construye siendo consecuente con lo que se ha defendido.
En política, un día se es clavo y otro día se es martillo. Pero cuando se habla de un servicio esencial y del dinero que pagan las familias, la coherencia no debería depender de dónde se esté parado.
La factura eléctrica merece transparencia, revisión y explicaciones. Y el debate público merece, sobre todo, que la verdad técnica no cambie según la conveniencia del momento.
