Redacción Radar 360

Por: Yulibelys Wandelpool

Especialista en Derecho Laboral y Derecho Administrativo

La participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa constituye una de las instituciones más relevantes del derecho laboral dominicano. Sin embargo, cada año, el vencimiento del plazo para su pago reabre un mismo escenario: dudas, errores de interpretación y, en muchos casos, incumplimientos con consecuencias legales.

Para las empresas cuyo ejercicio fiscal cerró el 31 de diciembre de 2025, el 30 de abril de 2026 marca el límite legal para el pago de la bonificación, conforme a los artículos 223 y 224 del Código de Trabajo.

La bonificación consiste en la obligación de distribuir entre los trabajadores el diez por ciento (10%) de las utilidades o beneficios netos anuales. Se trata de una prestación de carácter legal, no discrecional, cuya finalidad es vincular al trabajador con los resultados económicos de la empresa. No obstante, su exigibilidad depende de dos elementos esenciales: la naturaleza del empleador y la existencia de beneficios. La ley contempla excepciones específicas, como ocurre con ciertas empresas en sus primeros años de operación o aquellas acogidas a regímenes especiales, conforme al artículo 226 del Código de Trabajo.

El propio Código establece límites a esta participación: hasta 45 días de salario ordinario para trabajadores con menos de tres años de servicio, y hasta 60 días para quienes tengan una antigüedad igual o superior. Cuando el trabajador no haya laborado el año completo, el monto debe calcularse de forma proporcional al tiempo trabajado.

En cuanto a los beneficiarios, tienen derecho a la bonificación los trabajadores vinculados por tiempo indefinido que hayan prestado servicios durante el ejercicio fiscal en que la empresa generó beneficios. Esto incluye tanto a quienes permanecen activos al momento del pago como a aquellos cuya relación laboral haya concluido, en cuyo caso la participación se determina proporcionalmente.

El cálculo de la bonificación debe realizarse sobre los beneficios netos antes de la determinación de la renta imponible, conforme al artículo 227 del Código de Trabajo. A su vez, el artículo 38 del Reglamento de aplicación establece los criterios para su determinación individual, tomando en cuenta la antigüedad y los salarios devengados.

El pago debe efectuarse dentro de un plazo de 90 a 120 días posteriores al cierre del ejercicio económico. Para la mayoría de las empresas en el país, este plazo culmina el 30 de abril, fecha que no tiene carácter orientativo, sino preclusivo.

Esto implica que el pago fuera de ese plazo, aun cuando se realice posteriormente, constituye un incumplimiento de la obligación legal.

Desde el punto de vista normativo, el ordinal 10 del artículo 46 del Código de Trabajo impone al empleador el deber de cumplir con todas las obligaciones derivadas de la ley, los contratos y los reglamentos. En ese sentido, el pago tardío de la bonificación puede ser considerado una infracción a dicho deber.

Asimismo, el ordinal 14 del artículo 97 del Código de Trabajo reconoce como causa de dimisión el incumplimiento de una obligación sustancial a cargo del empleador. Dada la naturaleza legal y económica de la bonificación, su inobservancia puede, en determinados casos, encuadrarse dentro de esta causal.

El trabajador, además, dispone de mecanismos administrativos para canalizar sus reclamaciones, incluyendo la posibilidad de acudir ante el Ministerio de Trabajo o solicitar verificaciones conforme al artículo 225 del Código.

La bonificación laboral debe ser entendida como una institución que equilibra intereses: reconoce la contribución del trabajador en la generación de beneficios, pero condiciona su pago a la realidad económica de la empresa. En este contexto, su cumplimiento oportuno no solo evita conflictos legales, sino que fortalece la seguridad jurídica y la estabilidad de las relaciones laborales.

Por: Miguel Rivera – Analista Político

La República Dominicana se encuentra hoy en una encrucijada peligrosa. Mientras los tambores de guerra en Medio Oriente disparan los precios del petróleo y amenazan con pulverizar el presupuesto de las familias dominicanas, la respuesta que emana del Palacio Nacional es, cuando menos, desconcertante. Tras las recientes reuniones del alto mando oficialista con sectores empresariales y líderes de la oposición, surge una duda razonable: ¿Cuenta realmente el Gobierno con un equipo técnico capaz de articular un plan, o está el Presidente navegando esta tormenta en absoluta soledad institucional?

Los hechos de los últimos días son reveladores. La visita de la comisión de «alto nivel» —integrada por figuras clave como José Ignacio Paliza, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón y el Ministro Magín Díaz— al expresidente Danilo Medina fue presentada como un gesto de madurez. Sin embargo, lo que debió ser una mesa de trabajo técnica terminó pareciendo una visita de cortesía sin contenido. El propio Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha sido tajante: el Gobierno fue a pedir opiniones, pero no llevó un solo documento, una métrica o una propuesta de contingencia bajo el brazo.

Esta orfandad de ideas no es solo una crítica de la oposición. La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), un sector vital para la estabilidad, ha manifestado con claridad que, a pesar de los diálogos, aún no conocen un plan estatal concreto para enfrentar el impacto de los combustibles y el inminente aumento del costo de la vida.

¿Dónde están las proyecciones de ahorro energético? ¿Cuál es la estrategia de seguridad alimentaria frente al alza de los fletes? El Presidente Abinader suele dar la cara y comunicar, pero la gestión de una nación no puede ser un espectáculo unipersonal. Un mandatario necesita un equipo y sucesores capaces de traducir la preocupación en políticas públicas ejecutables.

El escenario de los presidenciables: ¿Madera de líderes o solo redes sociales?

Esta coyuntura crítica representa, además, el escenario perfecto para que los llamados «presidenciables» del partido de gobierno demuestren de qué están hechos. Hasta ahora, el país ha visto abundancia de videos bien editados en redes sociales, discursos de intención y presencia en eventos proselitistas. Sin embargo, manejar los destinos de una nación requiere mucho más que mercadeo político; requiere capacidad de gestión en tiempos de caos.

Aquí tienen el escenario servido: la crisis está golpeando la puerta. Es el momento de que esos aspirantes muestren a la sociedad dominicana que cuentan con la madera necesaria para tomar decisiones difíciles y presentar soluciones técnicas viables. ¿Quién de ellos sacará la cara con una propuesta sólida? ¿Quién dará un paso al frente con un plan que alivie el bolsillo del ciudadano, más allá de la sombra protectora del Presidente? Si en este momento de apremio se limitan al silencio o a la retórica vacía, quedará claro que su liderazgo es más cosmético que real.

La crisis del Medio Oriente es externa, pero la falta de preparación y la ausencia de propuestas de quienes aspiran a dirigirnos es una responsabilidad interna. Ya no basta con fotos de reuniones y llamados a la unidad nacional. Es hora de que el equipo técnico y los rostros que buscan el poder demuestren que el país tiene un norte claro.

Y que no se olviden de un detalle fundamental: en la otra cancha hay figuras con 12 y 8 años de experiencia de Estado que ya saben lo que es lidiar con los hilos del poder. Es a ustedes, los que hoy ostentan el cargo y los que aspiran a heredarlo, a quienes les toca ganarse la confianza de un pueblo que no espera cortesía ni videos de Instagram, sino un plan y líderes a la altura de las circunstancias.

POR ALBERTO QUEZADA

En un mundo atravesado por conflictos simultáneos, la incertidumbre ha dejado de ser una categoría abstracta para convertirse en una experiencia cotidiana. 

La posibilidad -ya no impensable- de una Tercera Guerra Mundial alimenta una ansiedad global que, como advirtió el sociólogo Zygmunt Bauman, define nuestra época: “la vida líquida es una vida precaria, vivida bajo condiciones de incertidumbre constante”.

Las cifras confirman que no se trata de una percepción aislada. Casi el 50% de los europeos considera probable un conflicto mundial en la próxima década, y entre el 68% y el 76% teme que implique armas nucleares. 

Más aún, una encuesta internacional reciente muestra que la mayoría de ciudadanos en Occidente cree “más probable que improbable” una guerra global en los próximos cinco años.

 La ansiedad no surge del vacío: responde a señales persistentes de inestabilidad.

El Foro Económico Mundial identificó los conflictos armados como la principal preocupación global a corto plazo, mencionados por el 23% de los expertos. Y más de ocho de cada diez personas consideran que los gobiernos no están preparados para evitar una escalada global.

 Este desfase entre amenaza percibida y capacidad institucional alimenta una sensación de desamparo colectivo.

Desde la psicología, el fenómeno tiene nombre: “ansiedad nuclear”. 

No es nuevo, pero ha resurgido con fuerza. La exposición constante a noticias de guerra intensifica el miedo, generando un “bucle informativo” que amplifica la angustia. 

Como señaló Sigmund Freud, “la incertidumbre es la mayor de todas las angustias”, porque priva al individuo de control sobre su destino.

Sin embargo, reducir este momento histórico a una espiral de miedo sería incompleto. También revela una verdad incómoda: la interdependencia global ha convertido cualquier conflicto en una amenaza compartida.

 El filósofo Ulrich Beck lo anticipó al hablar de la “sociedad del riesgo”, donde los peligros ya no son locales sino globales y difusos.

Hoy, la ansiedad mundial no es solo emocional; es estructural. Surge de la convergencia entre geopolítica, tecnología y percepción mediática.

 Entenderla no implica negarla, sino reconocer que, en un mundo hiperconectado, el miedo también se globaliza.

La pregunta, entonces, no es si vivimos tiempos inciertos-eso es evidente-, sino si nuestras instituciones, y nosotros mismos, estamos preparados para habitar esa incertidumbre sin sucumbir a ella.

El autor es periodista y magíster en derecho y relaciones internacionales. Reside en Santo Domingo. quezada.alberto218@gamil.com