La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela aprobada por la ONU expresa una «profunda preocupación» por la situación de los derechos humanos en el país tras el ataque de los Estados Unidos de este sábado y la captura de Nicolás Maduro.
En un comunicado, la misión alerta del «riesgo» de «nuevas y graves violaciones de derechos humanos» los próximos días y semanas, en un contexto de «elevada volatilidad».
Añade que sigue de cerca la rápida evolución de la situación en Venezuela y el impacto en los derechos, la seguridad y la protección de la población.
Y exhorta a las autoridades venezolanas y estadounidenses, así como a la comunidad internacional, a «garantizar el pleno respeto del Derecho internacional», al recordar que los derechos del pueblo venezolano han sido «vulnerados de manera sistemática durante demasiado tiempo».
Por todo ello, los derechos humanos deben, sin excepción, ocupar «el primer lugar», apostilla.
En este sentido, subraya la necesidad de «garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos (en Venezuela) por su gobierno».
Según la nota, «estas violaciones, ampliamente documentadas por la Misión de Determinación de los Hechos, incluyen ejecuciones extrajudiciales y otras privaciones arbitrarias de la vida».
También «detenciones arbitrarias; desapariciones forzadas —en su mayoría de corta duración—; tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; así como violencia sexual y de género».
Por eso, la presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos, Marta Valiñas, insta a mantener el foco en «las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos contra la población venezolana».
La intervención de EE.UU. «no se justifica»
Por su parte, Alex Neve, experto de la misión, considera que el prolongado historial de «graves violaciones de derechos humanos» del gobierno de Maduro «no justifica una intervención militar de los Estados Unidos que vulnere el Derecho internacional».
Pero de igual modo, la «ilegalidad» del ataque «no disminuye en modo alguno la clara responsabilidad de los funcionarios venezolanos, incluido el señor Maduro, por años de represión y violencia que constituyen crímenes de lesa humanidad».
Y la responsabilidad por estas violaciones no se limita a Maduro, según, María Eloísa Quintero, miembro de la misión: «Otras personas que ejercieron mando o autoridad sobre las fuerzas de seguridad, o que de otro modo contribuyeron a la comisión de estos crímenes, también deben rendir cuentas».
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció en 2019 esta misión, renovada varias veces, para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014.
