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El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, advirtió este jueves que, acorde con la decisión de ese tribunal,  los partidos políticos  no pueden adelantar las etapas electorales, ni posicionar a un aspirante a precandidatura  de manera anticipada.

Dijo que  eso choca con la equidad a lo interno de la organización y quebranta la democracia interna de las organizaciones políticas.

Sostuvo que las acciones de precampaña fuera del plazo legal constituyeron otro asunto judicializado en 2025.

“El Tribunal abordó el tema en la Sentencia TSE/0011/2025, realizando una ponderación entre la autodeterminación y la democracia interna, en la que se determinó que si bien las organizaciones partidarias tienen derecho a diseñar estrategias de cara a futuros procesos electorales y realizar propaganda institucional”, dijo.

Aseguró hoy  que esa alta corte protege los derechos políticos y electorales de todos los dominicanos.

Dijo que  el TSE redefinió las reglas para la categorización de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, el financiamiento público y el orden de la boleta electoral.

Dijo que su misión va más allá de la restauración de derechos políticos-electorales, al incluir competencias fundamentales en materia de identidad y registro civil en lo que se refiere a la corrección actas y cambio de nombres.

Resaltó que la decisión sobre el financiamiento público busca  compensar las desigualdades que existen entre las organizaciones partidarias en cuanto a su capacidad de captar recursos privados, así como contribuir a que  estas  cumplan con sus funciones constitucionales y puedan mantenerse en el tiempo con sus estructuras y proyectarse para competir con posibilidades reales para alcanzar escaños en los procesos electorales, favoreciendo así un sistema de partidos políticos plural con diversidad de propuestas e ideas.

Sostuvo que la corte acogió acciones de amparo incoadas por ciudadanos que, pese a residir en sectores del Distrito Nacional, se encontraban adscritos a colegios electorales de Santo Domingo Oeste en una franca vulneración al derecho a elegir y ser elegible, ya que obligaba  a ejercer el sufragio y a postularse por una demarcación a la que legalmente no pertenecían.

El Tribunal interpretó la expresión legal de «última elección», concibió como «ciclo electoral» y que para adoptar esa decisión, se tomarán en consideración los votos válidos emitidos de todas las elecciones generales ordinarias celebradas en el año electoral.

Durante su discurso en la Audiencia Solemne con motivo del décimo cuarto aniversario, el magistrado Camacho Hidalgo explicó, el error en un acta del estado civil puede convertirse en una barrera para acceder a estudios universitarios, servicios básicos, trámites administrativos o documentos de identidad.

“Cada decisión que adoptamos en esta materia tiene un impacto en la estabilidad y el entorno de una familia”, dijo.

En ese sentido, afirmó que el tribunal ha asumido como un imperativo categórico de justicia la prontitud en el conocimiento de estos casos. Como resultado, se ha agilizado la tramitación de los expedientes para garantizar respuestas oportunas y efectivas a la ciudadanía.

Al presentar los principales resultados del año 2025, el presidente informó que el TSE procesó 6,739 expedientes, de los cuales 6,610 correspondieron a rectificación de actas del estado civil y 481 a solicitudes de cambio de nombre, emitiéndose igual número de sentencias. Asimismo, se realizaron 2,325 procesos de inspectorías para sustentar estas decisiones. En materia contenciosa electoral, se recibieron 54 expedientes, que generaron 49 decisiones.

Al ofrecer un balance general de la gestión jurisdiccional correspondiente al período 2021-2025, el magistrado destacó que el Tribunal procesó 24,367 expedientes y dictó 23,367 decisiones, distribuidas de la siguiente manera: 21,228 sobre rectificación de actas del estado civil; 1,075 relativas a cambio, supresión o añadidura de nombres; 764 contenciosos electorales; 181 revisiones de sentencias en materia de identidad y 64 recursos de revisión constitucional.

Durante este período, el Pleno del Tribunal celebró 1,673 reuniones para la toma de decisiones y realizó un total de 8,652 inspectorías, reafirmando su compromiso con una justicia electoral eficiente, accesible y centrada en la dignidad humana.

Conflictos

En lo que respecta a los conflictos interpartidario el tribunal anuló una resolución disciplinaria emitida por un partido político por flagrante violación al debido proceso, garantía contemplada en el artículo 69 de nuestra Constitución.

La decisión, recalca la importancia del derecho de defensa, la oportunidad de presentar pruebas y la debida publicidad de la convocatoria a la audiencia disciplinaria. Señalamos que la notificación con antelación sobre la fecha, hora y lugar de las audiencias no es una formalidad, sino un requisito insoslayable para que el afiliado pueda ejercer plenamente su derecho a defender sus intereses. La imposibilidad de presentar pruebas y la falta de convocatoria a la audiencia produjeron la anulación del proceso, restableciendo así el derecho de afiliación del impugnante.

Financiamiento público

El tribunal ratificó que la ciudadanía tiene derecho al acceso a informaciones públicas,  en lo que respecta al financiamiento de las organizaciones políticas siguiendo el precedente constitucional TC/0192/15, afirmó que el derecho a la información constituye una prerrogativa de los miembros y un deber para las organizaciones políticas.

José Ignacio Paliza aseguró que la controversia con Alfredo Pacheco fue un episodio que podía resolverse «con una llamada entre amigos».

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, restó importancia a la controversia generada por recientes declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, al asegurar que se trató de una “preocupación política” expresada en un momento y escenario que no resultaron los más adecuados.

Paliza subrayó que el episodio no refleja una crisis interna dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), sino una situación puntual superada mediante el diálogo directo, en un contexto de relaciones políticas que calificó como sanas y estables.

Consultado sobre el tema este martes en el programa Despierta con CDN , Paliza subrayó que este tipo de temas suelen resolverse con una simple llamada telefónica entre amigos, ya que dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM) existe una «excelente relación interparticdaria».

Paliza niega cancelaciones masivas y llama a la calma

El ministro calificó como falsas las versiones sobre supuestas cancelaciones masivas en instituciones del Estado. Aseguró que los movimientos recientes responden a procesos normales de rotación y ajuste, orientados a evitar la rutina y a impulsar la innovación tras varios años de gestión gubernamental.

Según Paliza, estos cambios forman parte de la dinámica natural de cualquier administración y no deben interpretarse como represalias ni como señales de inestabilidad política dentro del partido oficialista.

Un conflicto «sin mayor trascendencia»

Al referirse directamente a la reacción de Pacheco, Paliza apeló a una anécdota personal para ilustrar cómo el cansancio o factores externos pueden provocar respuestas fuera de lugar, sin que estas tengan una profundidad política real.

Reiteró que mantiene una relación fluida y cordial con el presidente de la Cámara de Diputados y que, tras el episodio, han conversado en varias ocasiones, reafirmando el espíritu de unidad partidaria que, según dijo, caracteriza al PRM.

En ese sentido, describió el incidente como un hecho aislado amplificado mediáticamente, pero que no altera el clima general de estabilidad que impera en la organización política.