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En nuestras entregas de las dos semanas anteriores, el análisis sobre los niveles de la deuda pública y el pesado costo de su servicio mostró la evolución siguiente:

• El monto de la deuda (o stock de deuda) del Sector Público No Financiero (SPNF) pasó de US$24,153.7 millones al cierre del año 2015 a un valor de US$60,885.2 millones a julio de 2025 (última cifra publicada por la Dirección General de Crédito Público, con lo que esta deuda se incrementó en US$36,800.6 millones, o sea un crecimiento acumulado de un 152.4% en un período de un poco más de nueve años y medio, lo que equivale a un promedio diario de unos US$10.61 millones;

• El monto de la deuda del Sector Público Consolidado (SPC), a su vez, pasó de US$30,643.3 millones al cierre del año 2015 a un valor de US$74,894.6 millones a julio de 2025, con lo que esta deuda consolidada se incrementó en US$44,251.3 millones, o sea un crecimiento acumulado de un 144.4% en un período de un poco más de nueve años y medio, lo que equivale a un promedio diario de unos US$12.76 millones;

• Como porcentaje del PIB, la deuda del SPNF que se encontraba en 34.0% del producto interno bruto (PIB) al cierre de 2015, ha crecido de manera acumulada en 12.7 puntos para situarse en 46.7% a julio 2025, luego de haber sufrido un extraordinario incremento de 16.2 puntos por culpa del covid-19, al pasar de 40.4% del PIB (2019) a 56.6% (2020); esto quiere decir que si bien se logró reducir en prácticamente 10 puntos el nivel de la deuda entre 2020 y la fecha de hoy, no se había podido recuperar los niveles prepandemia, lo que pareciera indicar que el covid terminó costando a la economía dominicana en torno a 6 puntos de PIB;

• Los intereses de la deuda (incluyendo los pagos de intereses del Gobierno al Banco Central -BCRD-, así como las transferencias corrientes a este mismo BCRD) pasaron de RD$144,890 millones (2019) a unos RD$333,490 millones (Presupuesto 2025); en otras palabras, se han disparado en un poco más de 130% en un período de seis años;

• Producto de lo anterior, este pago de intereses de la deuda, al medirlo como porcentaje del PIB, se ha disparado, al pasar de un 3.17% (2019) a un 4.15% (Presupuesto 2025); y, similarmente, al medirlo como porcentaje de los ingresos, este servicio pasó de un 21.9% (2019) a un 26.9% (2024);

• Finalmente, comparando este enorme y creciente compromiso que representa el pago de los intereses de la deuda con la composición del gasto total, se ve que la inversión en Educación (RD$309,600 millones en el Presupuesto del presente año 2025), por primera vez en la historia presupuestaria de la República Dominicana, se quedó por debajo del pago de los intereses, y peor aún, a este servicio de la deuda (que ni siquiera incluye la amortización de capital) se le está dedicando ahora el equivalente a prácticamente dos años y medio del presupuesto del sector Salud (RD$137,360 millones).

Ahora bien, la lectura del proyecto de Modificación del Presupuesto 2025 o presupuesto reformulado es ilustración adicional que los grados de libertad del Estado son cada vez más limitados: en momentos cuando el Estado busca reactivar la economía con medidas contra cíclicas, esta composición del gasto (y la limitación de los ingresos) obliga a que este gasto adicional (RD$69,740.2 millones) se traduce por un incremento del déficit fiscal más allá de los umbrales recomendados (no más del 3.0% del PIB), proyectándose que el déficit fiscal alcance finalmente un 3.5% del PIB en 2025.

De hecho, de los RD$69,740.2 millones que idealmente ayudarán a reacelerar el crecimiento, unos RD$22,000 millones realmente no podrán cumplir este rol, ya que, de esos, RD$20,000 millones incrementan las transferencias corrientes a las empresas estatales de distribución eléctrica, llevando a cerca de RD$103,000 millones el compromiso estatal de cubrir las pérdidas de las EDE; y otros RD$2,000 millones para garantizar el congelamiento de los principales combustibles.

Ahora bien, de los RD$47,700 millones restantes, se van a dedicar RD$35,500 millones para incrementar el gasto de capital que inicialmente se había presupuestado en RD$176,000 millones, lo que tendría un efecto multiplicador hacia el resto de la economía, siempre y cuando se logre la ejecución de estas partidas adicionales en el poco tiempo que quede de aquí a finales del año 2025.

Para articular un ambicioso proyecto de reformas estructurales alrededor de lo que se pudiese denominar “Transformación Fiscal para la Inclusión Social y la Aceleración Productiva”, se tendrán que buscar respuestas consensuadas a las siguientes preguntas:

• ¿Cuál debe ser el nivel ideal de déficit fiscal para la República Dominicana, tomando en cuenta que los niveles actuales en torno al 3.0% del PIB parecen ser el techo por encima del cual se empiezan a deteriorar rápidamente los indicadores de la deuda como porcentaje del PIB o de los intereses como porcentaje de los ingresos; habría de hilar más delgado, pero asumiría que niveles comprendidos entre 1.5% y 2% permitirían bajar el peso relativa de la deuda, especialmente si viene acompañado de la aceleración del PIB potencial en torno al 6% para poder lograr duplicar el tamaño de la economía en los próximos 15 años;

• ¿Cuál debe ser el objetivo de presión tributaria adecuada para la República Dominicana? En este caso, la comparación con los pares a nivel regional indica una brecha de unos 4.5 puntos para poder alcanzar un nivel de 19.7% del PIB (promedio de ocho países de Latinoamérica de acuerdo a la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe -CEPAL-); y no menos importante, en cuanto tiempo alcanzar esta meta, probablemente un período entre 10 y 15 años;

• ¿Cuál debe ser el objetivo en término de gastos públicos, como porcentaje del PIB? nuevamente, el benchmarking publicado por la CEPAL nos dice que, en 2024, el gasto público de los 16 principales países de Latinoamérica andaba en 21.7% del PIB, indicando una brecha promedio de unos 2.7 puntos; o sea, apuntar a ingresos del 19.7% y gastos del 21.7% equivale a un déficit fiscal en torno a un 2%, muy sensiblemente por debajo del 3.5% donde cerraría el año 2025 reformulado.

• ¿Cuál debería ser una mejor distribución y composición de este gasto público? A la vez será necesario reducir unos gastos, para poder incrementar otros (gasto social, y por supuesto gastos de capital).

Del lado de la reducción: bajar en no menos de un 80% las transferencias al sector eléctrico (lo que liberaría cerca del 1% del PIB anualmente) es alcanzable pero tomaría unos 10 años además de muy fuertes inversiones en redes durante los primeros cinco años de una Reforma Fiscal.

Y no menos importante es lograr reducir el peso relativo de los intereses de la deuda, en este sentido Moody’s, en su reciente informe que mejoró la calificación de riesgo del país, indicaba que los países que comparan con la República Dominicana tienen una carga de intereses en torno al 12% de los ingresos, mientras la CEPAL reseñaba que en 2024, los pares de Latinoamérica solo le dedican en promedio un 2.9% del PIB (frente al 4.15% de República Dominicana).

Esto indica que para lograr igualar a los pares se liberaría el equivalente al 30% de los compromisos actuales; esto no se logra si la República Dominicana no alcanza rápidamente el grado de inversión en el ámbito internacional, grado que no se puede obtener sin reformas estructurales, incluyendo una para los pagos de intereses del gobierno central al BCRD, así como las transferencias corrientes al mismo BCRD.