La diputada Lidia Pérez impulsa dos iniciativas complementarias para proteger la libertad de expresión en la República Dominicana: una ley que garantiza la libertad de expresión, la libertad de prensa y prohíbe la censura previa, depositada el pasado 6 de mayo; y una segunda pieza, sometida este 10 de įunio, que corrige artículos del nuevo Código Penal sobre ultraįe a funcionarios públicos, acoso, ciberbullying, difamación e inįuria, para impedir que la crítica, la denuncia, el periodismo o las opiniones ciudadanas puedan ser castigadas con prisión.
Santo Domingo, D. N., 10 de junio de 2026.– La diputada por la provincia Puerto Plata, Dra. Lidia Esther Pérez de Taveras, depositó este miércoles ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que modifica los artículos 121, 122, 123, 208, 209, 210, 309, 310 y 311 de la Ley núm. 74-25, Orgánica que instituye el Código Penal de la República Dominicana, por considerar que su redacción actual podría vulnerar la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho ciudadano a la crítica, la denuncia y el debate público.
Con este depósito, la legisladora fortalece una agenda integral de protección a la libertad de expresión iniciada el pasado 6 de mayo, cuando sometió el Proyecto de Ley sobre las Garantías de la Libertad de Expresión, Libertad de Prensa y Prohibición de Censura Previa en la República Dominicana.
Ambas iniciativas tienen un mismo objetivo: garantizar que en el país nadie pueda ser perseguido penalmente por opinar, criticar, denunciar, hacer periodismo, reclamar rendición de cuentas o participar en debates de interés público. La primera pieza establece garantías generales para proteger la libertad de expresión y prohibir la censura previa; la segunda corrige artículos específicos del nuevo Código Penal que podrían abrir la puerta a castigar con prisión expresiones ciudadanas, críticas políticas o publicaciones en medios y redes sociales.
“Ningún dominicano debe ir preso por opinar. Quien difama con mentira deliberada debe responder ante la įusticia; quien acosa de verdad debe ser sancionado con firmeza. Pero la crítica, la denuncia y el periodismo no son delitos: son la democracia funcionando”, afirmó la diputada Pérez al depositar la pieza.
La legisladora explicó que su propuesta no busca eliminar sanciones contra conductas dañinas, sino precisar la ley para que castigue los abusos reales sin convertir la opinión, la sátira, el reclamo ciudadano o la labor de la prensa en delitos penales.
Entre los principales cambios propuestos se encuentran:
Fin de la prisión por difamación e injuria.
Las modificaciones a los artículos 208 y 210 sustituyen la cárcel por multas y medidas de reparación proporcional. Además, incorporan el estándar de dolo, conforme al cual, cuando una expresión se refiera a funcionarios públicos, candidatos o asuntos de interés público, solo habrá responsabilidad si se demuestra que la imputación fue hecha a sabiendas de su falsedad o con manifiesta desprecio por la verdad.
Eliminación del ultraje a funcionarios como delito de expresión.
La propuesta modifica los artículos 310 y 311 para eliminar el tipo penal que permitiría castigar con prisión palabras, gestos, escritos, imágenes o expresiones dirigidas contra funcionarios públicos. En su lugar, se establece una infracción precisa para sancionar únicamente amenazas graves, reales, concretas e idóneas. La crítica política, el reclamo ciudadano y la exigencia de rendición de cuentas quedan expresamente protegidos.
Precisión de los delitos de acoso, hostigamiento y ciberbullying.
Las reformas a los artículos 121, 122 y 123 exigen que exista una conducta reiterada, grave e injustificada, con daño real y verificable. Al mismo tiempo, excluyen expresamente las opiniones, críticas, sátiras, denuncias y expresiones sobre asuntos de interés público. La propuesta mantiene la protección de las víctimas reales, con penas de hasta cinco años cuando la víctima sea menor de edad o se divulgue contenido íntimo, y de hasta diez años cuando el acoso provoque un desenlace fatal previsible.
