Pocas áreas del Estado generan tantas opiniones como el sector eléctrico. Y, paradójicamente, pocas son tan complejas y tan poco comprendidas por la mayoría de la población. Esa combinación de desconocimiento técnico, frustración acumulada y necesidad cotidiana convierte a la electricidad en el escenario perfecto para la demagogia.
Cada interrupción del servicio, cada factura y cada avería se convierten, casi de inmediato, en una oportunidad para hacer oposición política. No importa si la interrupción responde a una inversión en redes, a una avería provocada por fenómenos naturales, a una sobrecarga del sistema o a un mantenimiento programado. El análisis técnico suele desaparecer para dar paso al discurso fácil: culpar al gobierno de turno.
Lo preocupante es que este fenómeno no distingue colores políticos. Quienes ayer gobernaban y enfrentaban exactamente los mismos desafíos, hoy critican con una severidad que muchas veces ignora la realidad que les tocó administrar. Y quienes hoy gobiernan, cuando estuvieron en la oposición, también recurrieron en ocasiones a ese mismo recurso. Así, el país queda atrapado en un ciclo donde cambia el discurso, pero no la forma de abordar el problema.
El sistema eléctrico dominicano no comenzó hace cuatro años, ni hace ocho, ni hace doce. Es el resultado de décadas de crecimiento urbano desordenado, inversiones insuficientes en determinados períodos, pérdidas técnicas y no técnicas, expansión acelerada de la demanda y una cultura ciudadana que todavía tiene grandes desafíos en materia de uso responsable de la energía.
Porque también es momento de hablar de aquello que pocas veces ocupa titulares: la cultura eléctrica.
Resulta difícil aspirar a un servicio sostenible cuando todavía existe una alta tolerancia social al fraude eléctrico, a las conexiones ilegales y al no pago del servicio. Durante años se normalizó la idea de que «robarse la luz» era una forma válida de enfrentar las dificultades económicas, sin detenernos a pensar que esa energía alguien termina pagándola: los clientes responsables y el propio Estado, mediante subsidios que salen de los impuestos de todos.
La energía eléctrica no es gratuita. Cada kilovatio que llega a un hogar requiere generación, transmisión, distribución, mantenimiento de redes, personal técnico, inversiones permanentes y una infraestructura que cuesta miles de millones de pesos mantener y modernizar.
De igual manera, la eficiencia energética sigue siendo una gran asignatura pendiente. Mientras en otros países se educa desde las escuelas sobre el consumo responsable, aquí todavía abundan viviendas y comercios con equipos ineficientes, desperdicio de energía y hábitos de consumo que incrementan innecesariamente la demanda del sistema.
No se trata únicamente de producir más electricidad. Se trata también de consumir mejor.
El debate nacional debería centrarse en cómo reducir pérdidas, fortalecer la cultura de pago, modernizar las redes, incorporar tecnologías inteligentes, educar a los consumidores y garantizar inversiones sostenidas durante décadas. Sin embargo, con demasiada frecuencia terminamos discutiendo únicamente quién obtiene ventaja política de un apagón.
Esa visión cortoplacista perjudica al país. La infraestructura eléctrica requiere planificación de largo plazo, continuidad de políticas públicas y estabilidad institucional. Ningún proyecto importante se construye pensando en el próximo titular o en las próximas elecciones.
La crítica siempre será necesaria. Fiscalizar al Estado forma parte de una democracia saludable. Pero existe una diferencia entre exigir soluciones y convertir cada situación en una herramienta de confrontación política, incluso a costa de desinformar a la población.
El país necesita un debate más maduro sobre su sistema eléctrico. Uno donde los datos pesen más que las consignas; donde la responsabilidad ciudadana tenga tanto espacio como la responsabilidad gubernamental; y donde la memoria impida que quienes enfrentaron los mismos problemas actúen como si nunca hubieran existido.
La electricidad no tiene partido político. El desafío energético tampoco debería tenerlo. Mientras continuemos viendo el sistema eléctrico como un instrumento de confrontación y no como una política de Estado, seguiremos alimentando el mismo problema que, generación tras generación, decimos querer resolver.
El país merece un debate eléctrico basado en datos, memoria, responsabilidad y honestidad intelectual. Todo lo demás es simplemente ruido político.