Por: Marco Tezanos
La generación distribuida mediante paneles solares ha experimentado un crecimiento significativo en la RepúblicaDominicana durante la última década. Miles de hogares, comercios e industrias han invertido recursos propios para producir parte de la electricidad que consumen, reduciendo la demanda sobre el sistema eléctrico nacional, disminuyendo las emisiones de carbono y contribuyendo a diversificar la matriz energética.
La aprobación del Reglamento SIE-007-2026-REG ha abierto un importante debate sobre el futuro de la generación distribuida en la R. D. Uno de los puntos que más atención ha generado es el establecimiento de un cargo por el uso de la red para los usuarios que inyectan energía proveniente de sistemas solares.
La discusión no debería centrarse en si el cobro es «bueno» o «malo», sino en si es proporcional, transparente y técnicamente justificado.
Es innegable que la red eléctrica tiene costos de operación y mantenimiento. Aunque un usuario genere parte de su propia energía, continúa utilizando la infraestructura eléctrica para respaldar su suministro e inyectar los excedentes de producción. Desde esa perspectiva, resulta razonable que exista un mecanismo para recuperar parte de esos costos.
Sin embargo, también debe reconocerse que quienes invierten en energía solar aportan beneficios importantes al sistema eléctrico. Reducen la demanda en horas de mayor generación solar, disminuyen las emisiones, promueven la inversión privada en energías limpias y contribuyen a una matriz energética más diversificada. Estos beneficios también tienen un valor económico y deberían formar parte del análisis regulatorio.
El principal desafío consiste en encontrar un equilibrio. Si el cargo por uso de la red incrementa significativamente el período de recuperación de la inversión, podría desincentivar nuevos proyectos solares y ralentizar la transición energética del país. Por el contrario, si el cargo refleja los costos reales del servicio y se aplica con criterios técnicos claros, puede contribuir a la sostenibilidad del sistema eléctrico sin afectar el crecimiento de la generación distribuida.
Por ello, más que discutir si el porcentaje establecido es abusivo o no, conviene preguntarse cómo fue calculado. Una regulación moderna debe sustentarse en estudios técnicos públicos, metodologías transparentes y revisiones periódicas que permitan adaptar el esquema tarifario a la evolución del mercado.
La experiencia internacional demuestra que existen alternativas regulatorias que equilibran los intereses de las empresas distribuidoras y de los usuarios solares. En muchos países se aplican cargos diferenciados según el tamaño de la instalación, el nivel de uso de la red o los beneficios que aporta la generación distribuida al sistema.
En R.D. se tiene la oportunidad de fortalecer este reglamento incorporando mayor transparencia en la determinación del cargo, reconociendo los beneficios económicos de la energía solar y promoviendo un diálogo permanente entre el regulador, las distribuidoras y los usuarios.
En definitiva, el debate no debe ser si existe o no un cobro por el uso de la red, sino si dicho cobro es justo, proporcional y compatible con los objetivos nacionales de transición energética.
Una regulación equilibrada debe garantizar la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico y debe evitar trasladar costos injustificados a quienes invierten en energía limpia, pero también debe asegurar que la infraestructura eléctrica siga siendo confiable para todos los usuarios.
Alcanzar ese equilibrio será fundamental para consolidar el desarrollo energético sostenible de la R. D. en los próximos años.
