. -El presidente Luis Abinader declaró este miércoles en emergencia nacional las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras destinados a incrementar la capacidad de generación eléctrica, reducir la inestabilidad de la red y garantizar la continuidad del suministro en la República Dominicana.
La medida, contenida en el Decreto núm. INT-MEM-2025-13188, surge tras una comunicación del ministro de Energía y Minas recibida el pasado 3 de septiembre, en la que se detallan los informes relativos a la situación del subsector eléctrico.
De acuerdo con el documento, la declaratoria de emergencia permitirá la incorporación de nuevas unidades de generación térmicas de respuesta rápida, la construcción de plataformas de almacenamiento de energía y la compra de equipos y materiales para rehabilitar y expandir las redes de distribución.
El decreto también contempla la contratación de consultorías técnicas, estudios de impacto ambiental y servicios especializados, necesarios para la ejecución de los proyectos.
Abinader instruyó que todos los procesos se realicen con la celeridad que demanda la crisis energética, pero en apego a la Constitución y la Ley de Compras y Contrataciones. Asimismo, dispuso que las instituciones del sector, entre ellas EDESUR, EDENORTE, EDEESTE, Punta Catalina y EGEHID, gestionen los procedimientos a través del Portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
El decreto establece además que las instituciones responsables deberán rendir un informe detallado a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas, el cual deberá difundirse tanto en el portal de cada entidad como en el Portal Transaccional, dentro de los 15 días posteriores a la conclusión de la necesidad que motivó la emergencia.
La declaratoria tendrá una vigencia de 12 meses, contados a partir de su entrada en vigor. Transcurrido ese plazo, quedará sin efecto salvo que el Poder Ejecutivo emita una prórroga expresa mediante un nuevo decreto presidencial.
Finalmente, se designa al Gabinete Eléctrico como la instancia de coordinación y supervisión de la aplicación del decreto, el cual deberá rendir informes de rigor al Poder Ejecutivo y a los órganos de control del Estado sobre las contrataciones realizadas y sus resultados.