Ante la creciente diversidad de nacionalidades en la República Dominicana, debemos plantearnos tres preguntas fundamentales:
¿Cuántos extranjeros hay en el país, tanto documentados como en situación irregular? ¿Cuáles son sus derechos y deberes dentro del territorio nacional? Y, finalmente, ¿qué protocolo deben seguir los cuerpos de seguridad del Estado ante las distintas situaciones?
Según estimaciones del Instituto Nacional de Migración, en 2024 la población inmigrante ascendía a 635,754 personas, de las cuales 553,254 eran de origen haitiano y 82,501 procedían de otras nacionalidades.
Estas cifras nos llevan a reflexionar sobre la necesidad de revisar el marco jurídico migratorio y fortalecer la coordinación entre las autoridades competentes, incluyendo la posible revisión del artículo 25, sobre el régimen de extranjería en la Constitución dominicana, que les permite con libertad reunirse sin especificar.
Es evidente la necesidad de evaluar medidas de regularización migratoria, pese a los distintos intereses políticos que existen en torno a este tema.
La falta de planificación y de protocolos claros plantea desafíos para la gestión migratoria y la actuación de los cuerpos de seguridad.
La República Dominicana necesita datos actualizados, políticas migratorias definidas y protocolos de actuación que permitan garantizar el cumplimiento de la ley, la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales.
La inmigración requiere menos improvisación y más planificación, responsabilidad institucional y voluntad política.
Por Carmen Iliana Reynoso
Lic. RR. II.