El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) ha presentado formalmente dos denuncias ante las Procuradurías Especializadas para la Defensa del Medio Ambiente de las provincias Duarte y Valverde, con el objetivo de que se investiguen y sancionen los recientes casos de intoxicación que han afectado a estudiantes, docentes y personal administrativo en varios centros educativos. 

Las acciones legales fueron depositadas por el área Jurídica del MINERD, quienes, en representación del ministro Luis Miguel De Camps García, han solicitado la apertura inmediata de investigaciones para determinar responsabilidades frente al uso indebido de productos químicos tóxicos en las cercanías de los planteles escolares.

Los hechos ocurrieron la semana pasada en los centros educativos Ana Celeste Fernández, en la comunidad La Guama, provincia Duarte, y en el Liceo Leónidas Ricardo Román y la Escuela Laboral Fidelina Reyes, en el municipio de Santa Cruz de Mao, provincia Valverde.

El MINERD activó de inmediato los protocolos de emergencia, procediendo al despacho de los estudiantes y la suspensión temporal de la docencia para proteger la salud e integridad de la comunidad educativa.

Sobre la comunidad La Guama, la denuncia, interpuesta ante la Procuraduría de Medio Ambiente de Duarte, detalla la posible presencia de sustancias tóxicas utilizadas como pesticidas en las inmediaciones del centro, lo que representa un riesgo grave para la salud y la continuidad de la docencia. 

Por ello, el MINERD solicitó que se realicen las indagatorias correspondientes y, en caso de comprobarse un uso negligente o intencional, se proceda con la aplicación de las sanciones penales establecidas por la ley.

De igual forma, en el municipio de Santa Cruz de Mao, provincia Valverde, se reportó una situación de intoxicación, en el levantamiento realizado por las autoridades arrojó que el evento fue provocado por la fumigación con químicos tóxicos en una finca colindante, a menos de 200 metros de los centros escolares.

La cartera educativa presentó formal denuncia en esta jurisdicción, donde aportó informes, fotografías del levantamiento de evidencia por parte de la Defensa Civil y Salud Pública, y haciendo referencia a las posibles violaciones al Código Penal Dominicano y a la Ley 311-68 sobre el uso de pesticidas. 

Estas normativas establecen penas de prisión y multas para quienes, por negligencia o imprudencia, provoquen enfermedades o imposibilidad de trabajo a terceros mediante el uso de sustancias tóxicas.

Santo Domingo. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que 460 armas fueron sacadas de las calles en lo que va de septiembre. De estas, 355 eran ilegales, 75 están para investigación, 23 tenían licencia vencidas y 7eran robadas. 

Estos operativos se realizan en el marco de la labor sistemática de la Fuerza de Tarea Conjunta para garantizar la seguridad ciudadana y reducir los índices de criminalidad en todo el territorio nacional.

La funcionaria detalló que el destino de las armas incautadas seguirá el procedimiento que manda la ley. Las armas incautadas, luego de agotar el procedimiento correspondiente promovido por el Ministerio Público, pasan a ser decomisadas y remitidas al Ministerio de Interior y Policía para su custodia o destrucción, según corresponda.

Raful ofreció la información tras concluir la reunión 108 de la Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader. 

La ministra afirmó en este encuentro que 591 allanamientos fueron realizados con resultados positivos.

En cuanto a los homicidios, destacó la disminución sostenida de la tasa, que a la fecha está en tasa 8.08 por cada 100 mil habitantes, comparada con las cifras de 9.8, en 2024 y 12.04 en 2023, lo que refleja el permanente trabajo sistemático de la fuerza de tarea. Detalló que 25 demarcaciones están en un solo dígito y 9 en dos.

Sobre los robos, precisó que las denuncias han disminuido de 65,778 en 2024 a 56,333 con relación a la misma fecha de este año, y reiteró la importancia de la colaboración de la población en el proceso mediante sus denuncias. 

«Hacemos un llamado a la ciudadanía para que reporte los robos a través de nuestras plataformas y estaciones de policía”.

Recordó que la Policía sigue en transformación, con los lineamientos del presidente Luis Abinader, para lo que han dispuesto más de 10 mil cámaras interconectadas para proporcionar mayor seguridad ciudadana mediante el patrullaje permanente y han equipado a los agentes con cámaras en sus uniformes “para terminar con prácticas que han transgredido los derechos de ciudadanos y que ha en algún momento restado credibilidad a la Policía Nacional”.

Con relación al tiroteo registrado en La Barranquita de Santiago en el que cinco personas murieron y que involucró a miembros policiales, Raful  destacó la intención de la institución en que sea esclarecido el tema, e insistió en que está en manos del Ministerio Público porque “los procesos deben cumplirse, las leyes están ahí, nadie está por encima de la Ley, ni la policía, ni absolutamente nadie, y lo que queremos es que sin importar lo que suceda, se cumpla el debido proceso establecido en las normas”.

Además, detalló que 8,616 extranjeros haitianos fueron deportados y repatriados esta semana por la Dirección General de Migración, una cifra que aseguró revela que hay una labor sistemática de supervisión.