José Gonell Cosme destaca desmantelamiento de la red ilegal de tv y streaming

El director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), José R. Gonell Cosme, respaldó la operación domo, una investigación del Ministerio Público que culminó con el desmantelamiento de una red dedicada a la reventa ilegal de canales de televisión y servicios de streaming.

Desde Paraguay, donde participa en una reunión de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Gonell Cosme expresó su satisfacción con los resultados de la operación. Aseguró que este esfuerzo responde a los planes de coordinación que la ONDA mantiene con otras entidades del Estado para enfrentar la piratería, un delito que afecta no solo a los titulares de derechos de autor, sino también a la economía formal.

“Entre la ONDA y el Ministerio Público existe una colaboración estrecha que incluye desde la capacitación de fiscales hasta la coordinación de operativos contra la piratería digital”, señaló el funcionario. A su juicio, los resultados de esta acción “son apenas el comienzo” de una serie de medidas que seguirán fortaleciendo la protección de la propiedad intelectual en el país.

Dijo que la piratería digital se ha convertido en un desafío constante para las autoridades dominicanas. Según Gonell Cosme, el fenómeno no solo daña la industria cultural y creativa, sino que también erosiona la recaudación fiscal y fomenta estructuras delictivas que se aprovechan de la informalidad del mercado.

Por ello, el director de la ONDA insistió en que este tipo de acciones deben mantenerse con firmeza y continuidad: “La piratería digital es un problema que debe ser encarado con rectitud y persistencia. Este operativo demuestra que estamos en la dirección correcta, pero aún queda mucho por hacer”.

En ese sentido, Gonell Cosme expresó que la operación domo, el Ministerio Público y la ONDA envían un mensaje claro que “la piratería ya no es un terreno sin ley y quienes se lucren del trabajo ajeno enfrentarán consecuencias legales”.

Un operativo a gran escala

La Procuraduría General de la República informó más temprano que la operación domo movilizó a unos 30 fiscales que participaron en 19 allanamientos simultáneos, coordinados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público junto a la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), la Procuraduría Especializada en Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Fiscalía del Distrito Nacional.

Los allanamientos fueron realizados en el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y Jarabacoa, en la acción se desmanteló una red que operaba revendiendo ilegalmente señales de reconocidos canales de televisión y plataformas de streaming. En los lugares intervenidos se ocuparon equipos electrónicos, documentos y vehículos, todos vinculados a la estructura criminal.

La operación contó además con el apoyo de unidades especializadas de la Policía Nacional, como el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y el Departamento Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales (Deidet). A esto se sumó la cooperación internacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

A fin de garantizar un proceso participativo y transparente, la Superintendencia de Seguros (SIS)abrió formalmente la consulta pública para la revisión de los límites mínimos de responsabilidad civil en vehículos de motor, en un acto realizado en el Paraninfo de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La apertura de las mesas de trabajo contó con la participación de representantes de los gremios de transporte del país, voceros de compañías y asociaciones del sector asegurador, así como juristas, académicos y ciudadanos interesados, garantizando un espacio plural de consenso, discusión e intercambio de ideas.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del superintendente de Seguros, Julio César Valentín Jiminián, quien destacó que este espacio busca propiciar un diálogo amplio, participativo y transparente “que nutra y consolide la toma de decisiones”.

Reiteró la disposición de la institución a escuchar las distintas voces y ampliar los espacios de deliberación, en un acto “no de atropello, sino de reflexión y meditación”, siempre poniendo a las personas en el centro de cualquier toma de decisión.

“Preferimos sacrificar la eficacia y la prontitud de la entrada en vigencia de cualquier normativa en favor de la participación. Pero dejar de cambiar, de transformar y actualizar por un eterno proceso de evaluación o de consultas, también es quitarle al Estado las garras institucionales para beneficiar a lo más importante, que es la población”, afirmó.

Medida necesaria para la protección social

Durante su intervención, el asesor técnico de la SIS, Miguel Villamán, explicó con cifras y datos puntuales que la reciente actualización de las tarifas del seguro obligatorio responde a una necesidad técnica y legal para atender la magnitud del problema del tránsito en el país, que coloca a la República Dominicana a la cabeza en número de fallecidos por accidentes en Latinoamérica y el Caribe.

Señaló que el seguro obligatorio de responsabilidad civil es un pilar de protección social y que su falta de actualización provoca inequidad.

“Es urgente actualizar los límites y tarifas, tal como indica la normativa que debe hacerse, ya que los montos establecidos hace más de 20 años resultan insuficientes frente al costo actual de la atención médica, reparaciones y fallecimientos”, resaltó.

Por su parte, Isaura Peñaló, directora jurídica de la SIS, explicó que en la página web de la institución están disponibles tanto el proyecto de actualización de los límites mínimos de responsabilidad civil, como una encuesta abierta a los ciudadanos para que presenten sus opiniones, aportes e ideas.

Señaló que, de acuerdo con el cronograma establecido, el próximo 25 de septiembre habrá un segundo encuentro de verificación y aportes y el 31 de octubre será la entrega del documento definitivo con las observaciones recibidas, para su entrada en vigencia el 9 de febrero de 2026.

“Estamos asegurando un proceso participativo, transparente y técnicamente riguroso, cumpliendo con los estándares internacionales de buenas prácticas regulatorias y garantizando la legitimidad del marco normativo resultante”, expresó.

La actividad concluyó con una ronda de preguntas y respuestas, en la que los participantes expusieron sus aportes, sugerencias e inquietudes sobre el tema, cumpliendo así con el objetivo de fomentar el diálogo y la retroalimentación del mayor número de actores en un aspecto tan sensible para la ciudadanía.