SAN JUAN DE LA MAGUANA. – Con el firme propósito de reducir los niveles de infartos y la incidencia de enfermedades cardiovasculares en la región Sur, la Fundación Nacional de Cardiología y Asistencia Médica (FUNDACAM) anunció la realización de una gran jornada médica este sábado 22 de noviembre, a partir de las 7:00 de la mañana, en el Centro UASD San Juan.

El presidente de la entidad, doctor Tirso Roa Castillo, informó que esta jornada forma parte del plan nacional de prevención que impulsa la organización desde hace 12 años para llevar atención especializada a comunidades vulnerables, donde la hipertensión, la diabetes y otros factores de riesgo suelen estar presentes sin diagnóstico oportuno.

Roa Castillo reveló que, además de las consultas de cardiología, en la jornada se ofrecerán servicios de urología, ginecología, odontología, mediciones de glicemia, PSA prostático, papanicolau, electrocardiogramas, así como entrega gratuita de medicamentos.

El especialista llamò a los sanjuaneros a darse cita en esta jornada, ya que la prevención es fundamental para garantizar una buena salud y reducir significativamente los riesgos de enfermedades que al final constituyen una carga para sus familiares y el Estado.
Señalò que como en ocasiones anteriores la jornada contará con un equipo multidisciplinario de médicos y voluntarios, quienes asistirán a cientos de personas procedentes tanto del municipio cabecera como de comunidades rurales de la provincia.
“Con esta gran jornada FUNDACAM reafirma su compromiso de continuar desarrollando jornadas médicas en distintos puntos del país, promoviendo el diagnóstico temprano, la educación preventiva y el fortalecimiento de la salud comunitaria como vías esenciales para disminuir los índices de infartos en la población dominicana” aseguró Roa Castillo.

Santo Domingo, El Fondo Agua Santo Domingo (FASD) reconoció al director general de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe Suberví, por su respaldo a las iniciativas de conservación y gestión sostenible del agua en las cuencas que abastecen al Gran Santo Domingo.

En el marco de la celebración del décimo aniversario del FASD, el vicepresidente de la junta directiva del FASD, Juan Roberto Amell, destacó el rol de la CAASD como aliado estratégico en la implementación de proyectos de restauración, infraestructura verde y fortalecimiento comunitario en las cuencas del Haina, Nizao y Ozama-Isabela.

Amell valoró la participación institucional como un eje clave del modelo de gobernanza que ha permitido el reabastecimiento de 1.4 millones de metros cúbicos de agua al año, la siembra de más de 1.7 millones de plantas y la recuperación de más de 1,350 hectáreas mediante reforestación y sistemas agroforestales.

Al recibir el reconocimiento, el titular de la CAASD, Felipe Suberví resaltó la importancia de las alianzas público-privadas para enfrentar los retos actuales en materia de seguridad hídrica.

“En la CAASD hemos comprobado que las alianzas son un pilar fundamental para avanzar más rápido y con mejores resultados. La colaboración de organismos del sector privado y las comunidades nos han permitido fortalecer los proyectos clave como el saneamiento de cañadas, las ampliaciones de las redes y hasta la rehabilitación de plantas”, expresó el funcionario.

Suberví señaló que ninguna institución, por sí sola, puede asumir los desafíos del agua, y afirmó que la coordinación con organismos como el Fondo Agua Santo Domingo ha permitido fortalecer proyectos de infraestructura, saneamiento, rehabilitación de plantas y ampliación de redes que benefician directamente a miles de familias.

En ese sentido, el director de la CAASD enfatizó que la sostenibilidad hídrica solo es posible mediante acciones conjuntas, transparentes y orientadas al desarrollo social.

Asimismo, adelantó que en los próximos días la institución lanzará un “plan de zona” como parte de una estrategia integral para incrementar la producción de agua, mejorar la capacidad de respuesta ante averías y modernizar tuberías con décadas de antigüedad en zonas de alta densidad poblacional.

La ceremonia contó con la presencia del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez; representantes del sector privado, fundaciones, organismos de cooperación y miembros de la junta directiva y asamblea del FASD.

Los reportes consolidados revelan avances en normalización de clientes, desmantelamiento de fraudes y mejoras de infraestructura en todas las regiones.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) informó que durante octubre de 2025 las empresas EDESUR, EDENORTE y EDEESTE ejecutaron un amplio programa de acciones técnicas en sus zonas de concesión, con el objetivo de disminuir pérdidas, mejorar la facturación y optimizar la calidad del servicio eléctrico en todo el país.

Según los reportes consolidados del organismo, las distribuidoras realizaron más de 73 mil inspecciones técnicas, 44 mil normalizaciones de clientes, más de 12 mil desmantelamientos de conexiones ilegales y cerca de 5 mil captaciones de nuevos usuarios, además de la corrección de unas 3,063 anomalías de facturación en el caso de EDENORTE.

Las acciones contra el fraude han impactado positivamente en las empresas distribuidoras de electricidad, reflejándose en una exponencial disminución en la compra de energía de apenas 1.1% más que el año 2024, en comparación con el aumento entre 2023 y 2024 de un 13.3%. Lo más trascendente para el sector es que aún sin registrar un crecimiento notable en la compra de energía el suministro experimenta un abastecimiento entre un 97% a 98% de los clientes.

EDESUR destacó intervenciones intensivas en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, San José de Ocoa, Barahona, Bahoruco y San Juan.
La empresa reportó 25,701 inspecciones, 12,105 normalizaciones, 2,343 desmantelamientos y 1,558 nuevos clientes, además de mejoras puntuales en redes críticas para fortalecer la confiabilidad del suministro.

En el norte, EDENORTE intervino comunidades de Santiago, Puerto Plata, La Vega, San Francisco, Mao y Dajabón. El informe recoge 17,512 inspecciones, 7,674 normalizaciones, 2,109 desmantelamientos y 3,063 anomalías corregidas que afectaban la facturación. La empresa también ejecutó proyectos de mejora de redes orientados a elevar la seguridad operativa.

EDEESTE encabezó el volumen de actividades con 30,455 inspecciones, 18,885 normalizaciones, 8,175 desmantelamientos y 3,280 captaciones de nuevos clientes, interviniendo sectores de Santo Domingo Este, Villa Mella, Monte Plata, Distrito Nacional, San Pedro, La Romana, Higüey y Hato Mayor.

El CUED afirmó que estas intervenciones forman parte del plan nacional de reducción de pérdidas, que incluye fortalecimiento de redes, detección de irregularidades, formalización de usuarios y mejoras tecnológicas.

El organismo adelantó que las acciones continuarán ampliándose en los próximos meses, con énfasis en zonas críticas donde persisten altos niveles de pérdidas técnicas y no técnicas.

La CUED exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de fraude o irregularidad en el servicio eléctrico a través del portal oficial: www.energiasinfraude.com.do

El país continúa atrapado en un “bucle fiscal” de ingresos estancados, gasto rígido y déficit crónico que profundiza desigualdades.

Santo Domingo. – Este martes fue presentada la publicación “Un presupuesto sin pacto”, un análisis que evidencia que el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2026 prioriza el equilibrio macroeconómico sin abrir espacio para la justicia fiscal, la redistribución del crecimiento ni el fortalecimiento de un Estado social capaz de garantizar derechos.

Según Rosa Cañete Alonso, economista y autora del estudio, hablar de política fiscal es hablar de derechos. Sin embargo, el presupuesto vuelve a presentarse como un ejercicio centrado en ajustar cifras sin responder a las preguntas esenciales: ¿cuáles son las prioridades del país?, ¿qué Estado queremos?, ¿quién paga y quién se beneficia? “Un presupuesto sin un Pacto Fiscal poco puede hacer para fortalecer la legitimidad del Estado y convertirse en un instrumento de desarrollo”, señaló.

El estudio advierte que República Dominicana permanece atrapada en un “bucle fiscal”, caracterizado por ingresos estancados, gasto creciente e ineficiente y un déficit crónico que se retroalimenta. Desde 2020, “los ingresos corrientes ya ni siquiera alcanzan a cubrir los gastos corrientes”, lo que ha abierto un déficit primario desconocido antes en la historia reciente del país. El Estado ya no se endeuda para invertir, sino para pagar gastos cotidianos, una señal clara de deterioro estructural.

La publicación sostiene que recaudar más no bastará si no se gasta mejor. La calidad del gasto público continúa limitada por rigideces, clientelismo e ineficiencias que impiden transformar recursos en derechos efectivos.

El documento también pone el foco en otra carga estructural: la nómina pública. Entre 2005 y 2025, el empleo estatal se triplicó, creciendo un 61 % entre 2005–2012, un 73 % entre 2012–2019 y un 18 % adicional entre 2020 y 2025. En 2026, la nómina asciende al 5.53 % del PIB, el 34 % de todo el presupuesto nacional.

Rosa Cañete la economista y autora del informe plantea que “el problema no radica en el número de empleados públicos en sí mismo. Un aparato estatal más grande no es negativo si se traduce en servicios públicos más accesibles, eficientes y de calidad. El verdadero problema surge cuando ese crecimiento no responde a necesidades institucionales ni a mejoras en la calidad del servicio, sino a criterios políticos y clientelares.”

El informe señala que no tiene sentido hablar de pacto fiscal sin reforma institucional: recaudar más sin gastar mejor solo profundiza el problema estructural. En el presupuesto 2026, el presupuesto de la Presidencia asciende a RD$130,000 millones, el tercero más alto del país, superando el presupuesto conjunto de 12 ministerios más la Procuraduría. La Presidencia maneja más de 20 subprogramas y unidades ejecutoras, muchos con funciones fuera de su mandato. Aunque en 2021 se ordenó revisar el sector social a través del Decreto 497-21, la reforma nunca se concretó.

Entre los elementos más preocupantes se encuentra el elevado servicio de la deuda, que en 2026 consumirá uno de cada cinco pesos presupuestados.

La autora subraya la urgencia de revisar exenciones fiscales de las cuales el 55% son a empresas y no se evalúan sus resultados, profesionalizar la administración pública y reorientar los recursos hacia inversión productiva y social.

“El presupuesto debe dejar de ser un ritual técnico de estabilidad macroeconómica para convertirse en una herramienta de justicia fiscal, desarrollo y democracia”, afirmó.

El consumo de los hogares sostiene la mayor parte de la recaudación, mientras que las grandes rentas y patrimonios aportan proporcionalmente menos, en un país las 100 mil personas más ricas del país concentran más ingresos que los 8 millones de personas restantes que presenta los mayores niveles de concentración del ingreso en el 1 % más rico de América Latina.

Para Cañete, definir prioridades colectivamente es indispensable para legitimar una reforma tributaria progresiva y construir un sistema más justo.

Durante la presentación, Ricardo González, del Movimiento por una Justicia Fiscal, destacó que el país no puede seguir discutiendo presupuestos sin avanzar hacia un pacto fiscal que redistribuya cargas, elimine privilegios y ponga los derechos de la ciudadanía en el centro.

“El Congreso no ha abierto vistas públicas para escuchar a la ciudadanía, hemos solicitado cita a la Comisión Bicameral del Congreso y aún no hemos recibido respuesta. Un presupuesto sin pacto fiscal y sin participación social será más de lo mismo. Quienes sostienen al país con sus impuestos deben tener voz en cómo se estructura el sistema”, expresó.

Esta publicación se enmarca en las iniciativas del Movimiento Justicia Fiscal, integrado por diversas organizaciones de la sociedad civil que, durante la actividad, reiteraron la necesidad de que cualquier cambio fiscal se construya de manera transparente, participativa e inclusiva, y demandaron que el pacto fiscal incorpore criterios de equidad y justicia tributaria que permitan reducir desigualdades y recuperar la legitimidad del Estado.

Para ampliar la información y conocer los hallazgos completos del análisis, te invitamos a consultar el documento aquí:https://bit.ly/presupuestosinpacto