La Voz Del Lector.
Cada vez que una comunidad experimenta interrupciones en el servicio eléctrico, el primer señalamiento suele dirigirse a las empresas distribuidoras. Es una reacción comprensible, pues son ellas el rostro visible de un servicio esencial para la vida cotidiana. Sin embargo, pocas veces el debate público se detiene a analizar una realidad que ocurre mucho antes de que se produzca una avería o una sobrecarga: el crecimiento desordenado de nuestras ciudades y las constantes ocupaciones irregulares de terrenos que nunca fueron concebidos para albergar asentamientos humanos.
La expansión urbana sin planificación se ha convertido en uno de los mayores desafíos para la prestación de los servicios públicos en la República Dominicana. No se trata únicamente de construir más viviendas, sino de comprender que toda comunidad requiere una infraestructura que la sostenga. Calles, drenajes, acueductos, escuelas, centros de salud y, por supuesto, redes eléctricas deben responder a estudios técnicos, proyecciones demográficas e inversiones millonarias que no pueden improvisarse de la noche a la mañana.
Sin embargo, con demasiada frecuencia se produce el mismo patrón. Grupos de personas ocupan terrenos de manera ilegal, levantan viviendas sin ningún tipo de planificación y, poco tiempo después, comienzan a exigir que el Estado les provea todos los servicios básicos. La electricidad figura entre las primeras demandas, como si la infraestructura necesaria apareciera por generación espontánea.
Lo verdaderamente preocupante es que, en muchos casos, esa exigencia no viene acompañada de la disposición de asumir las responsabilidades que implica recibir un servicio formal. Se reclama el acceso a la energía, pero no siempre existe la voluntad de regularizar el suministro, instalar un medidor o pagar la factura correspondiente. Se normaliza la conexión ilegal como un supuesto derecho adquirido, olvidando que detrás de cada kilovatio servido existen inversiones, mantenimiento, personal técnico, equipos especializados y una compleja red que requiere recursos permanentes para operar.
La electricidad no nace en los postes. Cada transformador, cada circuito y cada subestación representan inversiones de millones de pesos financiadas para atender una demanda previamente estudiada. Los ingenieros diseñan las redes considerando cuántas viviendas existirán en una determinada zona, cuál será su consumo promedio y cómo crecerá esa comunidad durante los próximos años. Cuando un terreno es invadido y, en pocos meses, cientos de familias se establecen donde antes no existía ningún proyecto urbano, toda esa planificación pierde vigencia.
El resultado es inevitable. Transformadores trabajando por encima de su capacidad, circuitos sobrecargados, variaciones de voltaje, equipos que reducen significativamente su vida útil e interrupciones cada vez más frecuentes. Paradójicamente, quienes terminan sufriendo las consecuencias no son únicamente quienes ocupan esos terrenos, sino también miles de ciudadanos que durante años han pagado puntualmente su servicio y que ven deteriorarse la calidad del suministro debido a una demanda que nunca estuvo prevista.
Este fenómeno también genera una profunda inequidad social. Mientras millones de usuarios realizan el esfuerzo de pagar su factura eléctrica cada mes, otros reciben energía mediante conexiones irregulares que trasladan parte del costo al resto del sistema. Las pérdidas aumentan, disminuyen los recursos disponibles para nuevas inversiones y se crea un círculo vicioso en el que todos terminan siendo afectados.
Es importante comprender que las empresas distribuidoras no pueden instalar una subestación, construir un nuevo circuito o reemplazar un transformador simplemente porque apareció un asentamiento improvisado. Estas obras requieren estudios de ingeniería, disponibilidad presupuestaria, procesos de contratación, adquisición de equipos, permisos y meses de ejecución. La infraestructura eléctrica no puede desarrollarse al mismo ritmo que una invasión de terrenos.
Este no es un problema exclusivamente eléctrico. Es un desafío de ordenamiento territorial, de cumplimiento de la ley y de responsabilidad colectiva. Permitir que continúe la ocupación irregular de terrenos significa aceptar que los servicios públicos siempre correrán detrás del crecimiento poblacional, reaccionando ante las crisis en lugar de anticiparse a ellas. Ningún país puede aspirar a ofrecer servicios de calidad cuando la planificación cede ante la improvisación.
Resulta igualmente necesario abrir un debate responsable sobre el concepto de derechos y deberes. El acceso a los servicios básicos constituye una aspiración legítima de toda sociedad, pero también implica obligaciones. La sostenibilidad de un sistema eléctrico depende de que quienes reciben el servicio contribuyan a financiarlo. Pretender disfrutar de electricidad de manera permanente sin asumir el costo que representa producirla, transportarla y distribuirla no solo es económicamente inviable, sino profundamente injusto para quienes sí cumplen con sus compromisos.
La solución no pasa por enfrentar a las comunidades ni por desconocer las necesidades de quienes buscan una mejor calidad de vida. Pasa por fortalecer la planificación urbana, prevenir las ocupaciones ilegales, desarrollar proyectos habitacionales organizados y promover una cultura de legalidad en la que el acceso a los servicios públicos vaya de la mano con la formalización y la corresponsabilidad ciudadana.
Cada vez que se invade un terreno sin planificación no solo se ocupa un espacio físico; también se compromete la capacidad del Estado para responder de manera eficiente y sostenible. Y cuando posteriormente se exige electricidad, agua, calles, escuelas y hospitales sin reconocer los costos que ello implica, se traslada una carga que termina afectando a toda la sociedad.
El verdadero desarrollo no consiste únicamente en ampliar la cobertura de los servicios públicos. Consiste en construir comunidades donde el crecimiento sea ordenado, las inversiones puedan planificarse y cada ciudadano entienda que los derechos encuentran su mayor fortaleza cuando también se asumen los deberes que los hacen posibles.
