Luz 24 horas o reducción de pérdidas: la conversación que el país aún tiene pendiente
Hablar de electricidad en República Dominicana casi siempre conduce a la misma discusión: los apagones, las averías y la calidad del servicio. Es un reclamo legítimo. Todo ciudadano tiene derecho a exigir un suministro continuo, estable y eficiente.
Pero quizás ha llegado el momento de hacer una pregunta diferente.
¿Puede existir un sistema de luz 24 horas donde una parte importante de la energía que se distribuye no se paga?
La respuesta no puede construirse desde la emoción ni desde la conveniencia. Debe partir de una realidad técnica y financiera que muchas veces queda fuera del debate público.
Las empresas distribuidoras tienen el deber de invertir, ampliar la capacidad de las redes, instalar nuevos transformadores, modernizar subestaciones y responder oportunamente a las averías. Esa responsabilidad no admite excusas.
Sin embargo, también existe otra realidad de la que se habla muy poco: las pérdidas eléctricas.
Detrás de ese indicador hay miles de conexiones ilegales, medidores manipulados, usuarios que nunca pagan el servicio y, en no pocos casos, grandes consumidores que, teniendo capacidad económica, deciden robar energía. Son prácticas que afectan la sostenibilidad del sistema y reducen la capacidad de seguir invirtiendo.
Entonces surge una interrogante inevitable:
¿Debe priorizarse llevar luz 24 horas a circuitos donde las pérdidas siguen siendo extremadamente elevadas o concentrar primero los esfuerzos en construir una cultura de legalidad y pago que permita sostener ese servicio en el tiempo?
No es una pregunta cómoda, pero sí necesaria.
Porque la electricidad no funciona únicamente con transformadores, redes e inversiones. También funciona con confianza, responsabilidad y cumplimiento.
Lo preocupante es que esta parte de la historia rara vez ocupa los titulares. El debate público suele concentrarse en lo que las distribuidoras hacen mal —y ciertamente hay aspectos que deben mejorar—, pero pocas veces se analiza con la misma intensidad el impacto del fraude eléctrico, del hurto de energía y de la baja cultura de pago.
Quizás por eso las empresas distribuidoras terminan siendo, casi siempre, las únicas protagonistas de una película cuyo guion tiene muchos más actores.
Se cuestiona la calidad del servicio, pero pocas voces preguntan quién paga realmente la energía que consume. Se exigen más inversiones, pero casi nunca se debate cómo se sostienen financieramente esas inversiones cuando una parte importante de la electricidad entregada no se factura o no se cobra.
Sorprende también el escaso espacio que este tema ocupa en la agenda de muchos líderes de opinión, comunicadores y actores sociales. Una discusión tan determinante para el futuro energético del país merece una mirada más amplia y equilibrada. Porque contar solo una parte de la historia puede generar titulares, pero difícilmente genera soluciones.
El país necesita exigir mejores distribuidoras. Eso no está en discusión.
Pero también necesita exigir una sociedad más comprometida con la legalidad, donde el fraude eléctrico deje de verse con tolerancia y pagar la energía consumida sea entendido como un deber ciudadano.
No se trata de elegir entre reducir pérdidas o garantizar luz 24 horas. Ambos objetivos son inseparables. La experiencia demuestra que un servicio continuo solo puede sostenerse cuando existe una relación equilibrada entre la calidad que ofrece la empresa y el compromiso de quienes reciben el servicio.
Mientras el debate continúe incompleto, las distribuidoras seguirán siendo las villanas de la historia y el país seguirá buscando respuestas sin atreverse a discutir una de las causas fundamentales del problema.
La pregunta, entonces, no es únicamente cuándo tendremos luz 24 horas.
La verdadera pregunta es si estamos dispuestos, como sociedad, a hacer lo que se necesita para que esa luz pueda mantenerse encendida.
