Tras el magnicidio del expresidente haitiano Jovenel Moïse, Haití ha experimentado un deterioro progresivo de su seguridad, hasta el punto de que las bandas armadas han extendido su control sobre amplias zonas del territorio, debilitando aún más las instituciones y la capacidad del Estado para garantizar el orden.
Ante esta realidad, la República Dominicana ha reiterado, en numerosas ocasiones y ante distintos organismos internacionales, la necesidad de una intervención internacional que contribuya a recuperar la seguridad y la estabilidad del vecino país. Sin embargo, cada nuevo anuncio de intervención genera más interrogantes que esperanzas.
Estamos hablando de una quinta intervención. La nueva iniciativa, vinculada a la cooperación internacional en materia de seguridad y al denominado Escudo de las Américas, plantea interrogantes sobre sus verdaderos objetivos, su alcance y sus posibles consecuencias para la región.
Los acontecimientos relacionados con el secuestro de cuatro técnicos militares salvadoreños, según las informaciones que se han mencionado sobre el caso, también despiertan preguntas acerca de los factores que pudieron acelerar las decisiones operativas. No obstante, es necesario distinguir entre los hechos confirmados y las hipótesis sobre las motivaciones que impulsan esta intervención.
La posición de la República Dominicana debe continuar siendo la cooperación con toda iniciativa internacional que contribuya, de manera efectiva, a frenar el crimen organizado, desarticular las bandas armadas. Sin embargo, cooperar no significa dejar de evaluar los riesgos ni renunciar a defender los intereses nacionales.
Lejos de dudar que Exista un plan sostenible para desmantelar las estructuras criminales y más bien puede que exista el riesgo de que se termine negociando con determinadas bandas para debilitar a otras y, posteriormente, abandonar el territorio sin haber resuelto las causas profundas de la crisis
Si esto último ocurriera, ¿quién asumiría las consecuencias? ¿Volvería a quedar Haití sumido en el caos, mientras la República Dominicana enfrenta una presión migratoria aún mayor y las repercusiones económicas y sociales de una crisis que no ha provocado?
No podemos ignorar las posibles consecuencias de una escalada de violencia: un aumento de los desplazamientos y de la llegada de refugiados, dificultades en el comercio fronterizo, interrupciones en el transporte de mercancías y un eventual encarecimiento de productos esenciales.
Aunque estos escenarios no son inevitables, deben formar parte de cualquier evaluación responsable de la intervención.
La República Dominicana, por su cercanía geográfica y sus vínculos fronterizos con Haití, tiene razones suficientes para defender una respuesta internacional eficaz. Pero también tiene el deber de exigir claridad sobre los objetivos, los plazos y las garantías de que esta nueva iniciativa no terminará trasladando el peso de la crisis a su territorio.
Porque una intervención puede cambiar el equilibrio de poder sobre el terreno, pero si no construye las condiciones necesarias para una paz duradera, el problema seguirá presente. Y, una vez más, la República Dominicana podría encontrarse frente a las consecuencias de una crisis que la comunidad internacional no haya sabido resolver .
