Norberto Batista

Por Nolberto Batista

En la República Dominicana la litigación temeraria, que consiste en usar un proceso judicial sin fundamento y de mala fe, con el fin de dilatar, presionar o causar daño, está claramente definida por la ley, puede ser castigada, y los tribunales la reconocen y la respaldan en sus decisiones. Sin embargo, en la práctica, sus consecuencias reales siguen siendo mínimas o casi inexistentes, especialmente cuando se trata de abogados que, aun siendo condenados, continúan ejerciendo con absoluta normalidad, sin impacto reputacional, disciplinario ni profesional real.

Este año, varios casos volvieron a colocar este tema sobre la mesa, la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional sancionó por litigación temeraria y mala fe a los abogados Lilia Fernández Lora, Mariel León Lebrón y Joel del Rosario Alburquerque, junto a su representada María Amelia Hazoury Delgado, por realizar diligencias improcedentes y mantener una conducta procesal censurable. La sanción fue una multa de RD$1,000 pesos por persona y la decisión fue posteriormente ratificada por la Corte de Apelación. Un caso con una sanción firme para un hecho probado que demuestra una clara conducta reprochable pero que solo tiene una consecuencia meramente simbólica.

Esto no es un caso aislado, parece ser el pan de cada día en esta isla, donde el abogado Ricardo Antonio Pellerano ha sido condenado siete veces mediante sentencias definitivas de la Suprema Corte de Justicia por litigación temeraria, y aun así continúa ejerciendo como si nada hubiese ocurrido. Esto revela una contradicción estructural del sistema donde hay condenas, pero no hay consecuencias reales.

Los datos más recientes confirman que el problema es sistémico. En julio del presente año, siete abogados enfrentaron procesos ante el Tribunal Disciplinario de Honor del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) por faltas graves a la ética profesional, luego de haber sido condenados por distintos tribunales civiles y penales por litigación temeraria. A dos de esos abogados, Rosanny Castillo de los Santos y José Franklin Zabala Jiménez, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia los sancionó, junto con la empresa que representaban, en noviembre de 2023, ordenándoles el pago de una multa de RD$120,750 pesos.

Sin embargo, aun con decisiones firmes, con multas más elevadas y con procesos disciplinarios en curso, la realidad sigue siendo la misma porque siguen ejerciendo normalmente, no pierden reputación y el sistema no los frena.

En este contexto, el acceso a la justicia no es ilimitado. La Constitución y el Tribunal Constitucional establecen que se puede sancionar a quien abusa de los procesos judiciales, sin que eso viole derechos fundamentales. La ley incluso permite multar tanto al ciudadano como a su abogado cuando presentan recursos solo para retrasar o entorpecer un caso. En el país existen varias leyes, desde hace décadas, que castigan la litigación temeraria en todas las materias.

Entonces, la pregunta es inevitable: ¿Por qué, si existen condenas firmes, procesos disciplinarios abiertos y un marco legal robusto, los abogados condenados por litigación temeraria siguen ejerciendo sin consecuencias reales?

Mientras un abogado pueda sumar condenas por temeridad, pagar multas y seguir ejerciendo como si nada, el mensaje que recibe la sociedad es lamentable, aquí el abuso sale barato. Se normaliza la trampa, se castiga al ciudadano que actúa de buena fe, se saturan los tribunales y se desprestigia una profesión que debería ser sinónimo de ética. Cuando la temeridad no tiene consecuencias reales, la justicia deja de ser un límite y pasa a ser un instrumento que algunos aprenden a manipular.

El derecho debería ser un escudo, algo que nos proteja a todos por igual y que equilibre las relaciones en la sociedad. Pero muchas veces se convierte en otra cosa, en un instrumento que algunos usan para presionar, retrasar decisiones o ganar ventaja. Y cuando eso sucede, la justicia deja de sentirse justa.

Lo más preocupante es cómo estas prácticas afectan la vida de las personas. Procesos que deberían resolverse con rapidez se eternizan, recursos que deberían estar disponibles se bloquean, familias y empresas se ven atrapadas en conflictos interminables. Todo esto termina generando desconfianza, no solo hacia quienes actúan mal, sino hacia el sistema en sí. La justicia deja de ser un refugio y se siente como un laberinto lleno de obstáculos invisibles.

El poder económico, la influencia o la posición social no deberían cambiar nada de esto. Cada vez que el derecho se usa para manipular, se envía un mensaje silencioso pero potente: algunos tienen privilegios que otros no. Y esa percepción erosiona algo esencial en cualquier sociedad: la fe en que todos somos iguales ante la ley.

No se trata de señalar a personas o casos concretos, sino de mirar con honestidad lo que ocurre cuando se permite que la ley se convierta en un arma. Cada abuso deja una huella, y cuando estas huellas se acumulan, la confianza pública se debilita, y con ella, la misma idea de justicia.

Si queremos que la justicia cumpla su propósito, debemos recordarnos a nosotros mismos que la ley es de todos y para todos. Que su valor no está solo en los códigos o los tribunales, sino en cómo la respetamos y defendemos cada día.

Cuando se olvida esto, todos perdemos, porque la justicia deja de ser un derecho y se convierte en una herramienta que puede inclinarse hacia quien tenga más poder.

La reflexión es simple pero profunda: proteger la justicia no es solo tarea de jueces y abogados, es responsabilidad de todos. Y sólo cuando cada uno de nosotros comprende el peso de la ley y la respeta, podemos esperar que la justicia vuelva a ser ese escudo que debería ser.

Nolberto Batista.