Luis Alberto Quezada Garabitos

POR ALBERTO QUEZADA

Un escándalo explosivo ha sacudido la cooperación antidrogas en el Caribe: la Embajada de Estados Unidos cerró temporalmente la oficina de la Drug Enforcement Administration (DEA) en la República Dominicana.

 Lo que inicialmente se presentó como una medida de “cero tolerancia a la corrupción” revela ahora un trasfondo mucho más grave: presuntas extorsiones y fraude en el otorgamiento de visas por parte de un alto funcionario de la agencia.

Investigaciones judiciales en Estados Unidos indican que un supervisor de la DEA fue arrestado por soborno y fraude de visas, acusado de recibir miles de dólares para agilizar al menos 119 solicitudes, muchas con fines cuestionables. 

Fuentes extraoficiales señalan que cada gestión podía generar pagos de hasta 3 000 dólares, creando un circuito informal de lucro que aprovechó la autoridad del funcionario. Este caso evidencia cómo incluso programas legítimos pueden convertirse en instrumentos de beneficio personal cuando faltan controles claros.

El impacto va más allá del agente involucrado. La República Dominicana es un nodo estratégico para la lucha antidrogas en el Caribe, y la DEA ha sido clave en la desarticulación de redes criminales y el control del tránsito de drogas hacia Estados Unidos. 

La interrupción de operaciones, aunque temporal, genera dudas sobre la continuidad de la cooperación, la inteligencia compartida y la eficacia de la seguridad regional. La confianza institucional, base de cualquier programa internacional de seguridad, queda seriamente comprometida.

Analíticamente, el caso revela un patrón preocupante: la autoridad sin supervisión es vulnerable a la corrupción, y programas delicados de migración y seguridad pueden convertirse en terreno fértil para extorsión y abuso. 

El cierre de la oficina refleja un intento de restaurar control y enviar un mensaje de tolerancia cero, pero también evidencia la fragilidad de estructuras que dependen de la confianza y del prestigio institucional.

La DEA enfrenta ahora un dilema crítico: recuperar credibilidad antes de que la crisis escale o arriesgar que su influencia se convierta en un problema estructural para la región. En el Caribe, donde seguridad, política y narcotráfico conviven peligrosamente, este episodio deja un mensaje claro: ni siquiera los guardianes de la ley están inmunes al veneno de la corrupción.

Visas, sobornos y caos marcan un antes y un después en la cooperación antidrogas en la región, recordando que el poder sin control puede ser tan peligroso como el crimen que se busca combatir.

El autor es periodista y magíster en derecho y relaciones internacionales. Reside en Santo Domingo.quezada.alberto218@gmail.com

POR ALBERTO QUEZADA

La construcción de una nueva sociedad civil en la República Dominicana sólo será legítima y transformadora si nace libre de agencias y financiamientos de organismos internacionales.

Este no es un planteamiento ideológico ni un rechazo automático a la cooperación global, sino una advertencia basada en la experiencia histórica y en el análisis crítico del poder, la influencia y la dependencia.

Cuando la sociedad civil se financia desde el exterior, inevitablemente se ve condicionada. Los recursos no son neutros: traen agendas, prioridades y marcos conceptuales que rara vez responden de forma genuina a la realidad social dominicana.

Bajo el discurso del “fortalecimiento institucional” o la “participación ciudadana”, muchas veces se reproducen modelos importados que no surgen del pueblo ni dialogan con sus verdaderas necesidades.

El resultado es una sociedad civil más cercana a informes y donantes que a barrios, campos y comunidades. Desde una perspectiva analítica, es evidente que gran parte de las organizaciones llamadas “civiles” terminan actuando como intermediarias técnicas, no como representantes sociales.

Hablan en nombre del pueblo, pero no viven sus urgencias; gestionan proyectos, pero no construyen conciencia; administran fondos, pero no generan poder ciudadano. Esta distorsión debilita la credibilidad social y convierte la participación en una simulación bien financiada.

Una sociedad civil auténtica debe sostenerse con recursos nacionales, aportes comunitarios y compromiso voluntario, aunque el camino sea más lento y complejo.  La independencia económica es la base de la independencia política y moral. Sin ella, no hay capacidad real de cuestionar al poder, ni al Estado, ni a intereses externos.

Excluir a agencias y financiamientos internacionales de este proceso no significa aislarse del mundo, sino recuperar la soberanía social. Significa afirmar que los problemas dominicanos deben ser pensados, debatidos y enfrentados por dominicanos, desde su historia, su cultura y sus contradicciones. 

La nueva sociedad civil sólo será creíble si responde al pueblo y no a patrocinadores. De lo contrario, cambiarán los discursos, pero no las estructuras; los nombres, pero no la dependencia. Y eso no es transformación: es continuidad maquillada.

El autor es periodista y magíster en derecho y relaciones internacionales. Reside en Santo Domingo.quezada.alberto218@gmail.com

Por Alberto Quezada

Luis Abinader llegó a la Presidencia con la bandera de la renovación y la eficiencia, prometiendo un gobierno transparente y cercano a la gente. Sus primeros años, marcados por un crecimiento económico que parecía sólido y una imagen limpia frente a la corrupción, le dieron un respaldo importante.

 Pero tras esa fachada de estabilidad se esconden rachas negativas que amenazan con socavar su capital político y la efectividad de su gestión.

Estas rachas —escándalos de corrupción, inflación persistente, deficiencias en servicios básicos y un manejo controversial de la migración— no son simples tropiezos; funcionan como frenos invisibles que condicionan cada decisión del ejecutivo.

 Cada crisis obliga al gobierno a reaccionar, desviando atención y recursos de proyectos de largo plazo hacia emergencias que podrían haberse prevenido. Así, las reformas estructurales, desde la educación hasta la seguridad, avanzan a paso lento mientras los problemas cotidianos se acumulan.

El impacto más visible es la erosión de confianza ciudadana. La población percibe que, pese al discurso anticorrupción, las instituciones siguen vulnerables y que las decisiones se concentran en un círculo reducido de poder. 

Esta percepción no solo desgasta la imagen presidencial, sino que dificulta la implementación de políticas que requieren consenso social y político. Cada denuncia o escándalo se convierte en un recordatorio de que la narrativa de transparencia no siempre se traduce en hechos.

La agenda económica y social también se ve afectada. La inflación y el costo de vida elevado generan malestar y presionan al gobierno a medidas paliativas que, a veces, aumentan la deuda sin resolver los problemas estructurales. 

El crecimiento económico, por sí solo, no logra llegar al bolsillo del ciudadano promedio. Las rachas negativas amplifican la sensación de desigualdad y de desconexión entre gobierno y ciudadanía.

En el plano internacional, estas crisis repercuten en la credibilidad del país. La gestión de la migración y los cuestionamientos por corrupción afectan la percepción de estabilidad institucional, un factor clave para inversionistas y organismos multilaterales. Cada racha negativa envía señales de alerta que pueden encarecer o limitar la llegada de capital extranjero.

Para Abinader, el desafío es doble: consolidar los logros visibles y al mismo tiempo mitigar los efectos de estas rachas negativas. La alternativa es que su gobierno se transforme en un ejemplo de promesas incumplidas, donde la narrativa de éxito se vea constantemente erosionada por problemas que no logra resolver. 

En política, como en la vida, las rachas negativas definen más que los éxitos aislados: condicionan la capacidad de gobernar y determinan si la historia recordará al gobierno por sus logros o por sus fracasos.

El autor es periodista y magíster en derecho y relaciones internacionales. Reside en Santo Domingo.quezada.alberto218@gmail.com

Por Alberto Quezada

La política dominicana vive una enfermedad que no se detecta en laboratorios, pero que corroe silenciosamente el alma nacional: la infiltración del dinero sucio en los espacios del poder.

No se trata de un virus ni de una bacteria, sino de una contaminación más profunda: la de las conciencias. Narcos con discursos de progreso, riferos disfrazados de filántropos, lavadores con títulos de empresarios y testaferros con trajes de demócratas desfilan impunemente hacia las urnas, comprando legitimidad al mejor postor.

Lo más grave no es su presencia, sino la naturalidad con que los recibimos. Las instituciones los toleran, los partidos los promueven y una parte de la ciudadanía los aplaude. Hemos hecho del cinismo una costumbre, y de la corrupción, un paisaje.

Los partidos políticos, lejos de ser guardianes de la ética, se han convertido en puertas giratorias del poder económico. Las candidaturas se venden como mercancía, los filtros morales están rotos y las estructuras de control —esas que deberían proteger la democracia— funcionan como coladores dañados que dejan pasar al corrupto y retienen al ingenuo.

La política, que debería ser la ciencia del bien común, se ha transformado en un mercado de favores donde el dinero ilícito compra credenciales de decencia. Ya no hablamos de casos aislados: vivimos dentro de un sistema inmunodeficiente, una institucionalidad sin anticuerpos, incapaz de distinguir entre el servidor público y el servidor del crimen.

Las leyes existen, pero la ética no se legisla. Y mientras los organismos de control fingen ceguera o la venden al mejor postor, el país se hunde en una peligrosa resignación colectiva. La impunidad se ha vuelto rutina, y la esperanza, un lujo.

La pandemia de la corrupción no se cura con decretos ni con comisiones. Se combate con carácter, con instituciones que funcionen, con ciudadanos que no vendan su voto y con partidos que recuperen la vergüenza.

Porque, al final, el dinero sucio no solo compra conciencias: compra silencios, compra miedo, y termina comprando el futuro. Y un país que vende su futuro deja de ser una nación para convertirse en un negocio.

El autor es periodista y magíster en derecho y relaciones internacionales. Reside en Santo Domingo.quezada.alberto218@gmail.com  

Por Alberto Quezada

A tres años de las próximas elecciones presidenciales, la pregunta que empieza a tomar fuerza en los círculos políticos es: ¿tiene Leonel Fernández posibilidades reales de crecer y ganar en 2028?. La respuesta, aunque matizada, apunta a que sí hay espacio, pero condicionado a transformaciones profundas.

En la actualidad, la Fuerza del Pueblo (FP) mantiene un lugar estable como segunda fuerza política electoral, según diversas encuestas. Algunas mediciones, como la de ACD Media (julio 2025), colocan a Fernández con alrededor de 19.8 % de preferencia, detrás de David Collado (PRM) con 25.3 %. Aunque no lidera, se mantiene competitivo.

Este posicionamiento se sostiene por una base electoral sólida, pero limitada: sectores adultos, conservadores, y parte de la clase media tradicional. Sin embargo, esa fidelidad no ha logrado expandirse hacia el voto joven ni hacia los sectores urbanos emergentes, que hoy son decisivos en cualquier contienda.

Uno de los mayores obstáculos que enfrenta la FP es el alto nivel de rechazo hacia Leonel Fernández, que ronda el 27–30 % según varias encuestas. A esto se suma el desgaste natural de su figura tras tres periodos presidenciales y una narrativa que muchos consideran anclada en el pasado.

A pesar de esto, Leonel sigue siendo el líder preferido dentro de su partido, con un respaldo interno que supera el 70 %. Pero en el escenario nacional, otras figuras como su hijo, Omar Fernández, gozan de mayor aceptación fuera del núcleo duro de la FP. Esto plantea un dilema estratégico: insistir con el liderazgo tradicional o abrirse a una renovación generacional que permita conectar con otros públicos.

En cuanto al contexto político, el gobierno del PRM empieza a acumular desgaste, sobre todo en temas como el alto costo de vida, los escándalos por presunta corrupción y la sensación de estancamiento económico. Si esa tendencia se profundiza, la FP podría beneficiarse, siempre que logre posicionarse como una alternativa viable y renovada, no solo como el “pasado conocido”.

En definitiva, Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo tienen posibilidades de crecer, pero no garantizadas. Para aspirar al poder en 2028, deberán reducir el rechazo, sumar nuevos votantes, modernizar su discurso y abrir el juego político a liderazgos emergentes. Si no lo hacen, quedarán atrapados en el mismo lugar: relevantes, pero insuficientes para gobernar.

El autor es periodista y magíster en derecho y relaciones internacionales. Reside en Santo Domingo.quezada.alberto218@gmail.com