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Santo Domingo.- La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que a partir de este lunes 21 de julio se reanudará el servicio habitual en las estaciones del Metro de Santo Domingo que conectan Villa Mella, específicamente desde Mamá Tingó hasta Hermanas Mirabal. La operación se realizará con trenes de tres vagones.

Mediante una nota de prensa, la Opret explicó que los trabajos de modernización del sistema de señalización y telecomunicaciones de la línea 1 avanzan según el cronograma establecido.

La entidad reiteró que la incorporación de los trenes de seis vagones está prevista para agosto, una vez culminen las pruebas técnicas. Las compañías Hitachi y Siemens, responsables de la intervención, entregarán los trabajos finales el 31 de julio, lo que permitirá iniciar el proceso de certificación internacional.

Como parte de los trabajos, la Opret también informó la reconfiguración del sistema de torniquetes en las estaciones Peña Gómez, Gregorio Luperón y José Francisco Peña Gómez (Urbano Gilbert), trasladándolos a las entradas principales, como ya se había hecho en Mamá Tingó.

Durante la suspensión del servicio en el tramo elevado de la línea 1, la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) puso a disposición unidades gratuitas para facilitar el traslado de los usuarios entre las estaciones afectadas, en ambos sentidos.

Dijo que la normativa consensuada impulsa la transformación del sistema de compras del Estado dominicano

Santo Domingo. – El Senado de la República aprobó este jueves en primera lectura el proyecto de Ley de Contrataciones Públicas, una iniciativa legislativa que constituye un paso trascendental hacia la modernización, fortalecimiento institucional y mayor transparencia en el sistema de compras del Estado dominicano, de acuerdo con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

Esta pieza normativa, indicó, es el resultado de un amplio proceso de consulta y construcción participativa, iniciado en el año 2021, en el que han sido escuchadas y tomadas en cuenta las opiniones de todos los sectores vinculados a la contratación pública: organismos del Estado, sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, la academia y ciudadanía en general.

A través de un comunicado, la DGCP destacó que el proyecto aprobado recoge los principales estándares internacionales en la materia; incorpora las mejores prácticas de integridad pública y fortalece los mecanismos de control, rendición de cuentas, eficiencia administrativa, inclusión y participación.

Entre sus principales aportes se destacan:

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• Un nuevo marco de gobernanza del sistema, con roles y responsabilidades claramente definidos para los distintos actores institucionales.

• Mayores herramientas para prevenir y sancionar irregularidades, garantizando un régimen más efectivo de consecuencias.

• Reglas específicas para compras sostenibles, inclusivas y responsables, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

• Más transparencia y trazabilidad en cada etapa del proceso contractual, gracias al uso de herramientas tecnológicas y datos abiertos.

• Fortalecimiento del control ciudadano y del principio de mérito en la selección de contratistas.

La DGCP aseguró su respaldo firme a esta propuesta legislativa desde sus inicios, y reiteró su compromiso con su pronta implementación.

La institución aseguró que se encuentra preparada para desarrollar todos los mandatos, mecanismos y herramientas que contempla el nuevo marco legal, incluyendo la adecuación de los sistemas tecnológicos, la capacitación de los actores del sistema, la elaboración de reglamentos y la difusión de nuevas directrices para las entidades contratantes y los proveedores.

El juez Rigoberto Sena dictó anoche prisión preventiva para cinco de los 10 imputados de incurrir en sobornos en cinco instituciones del Estado, y arresto domiciliario e impedimento de salida para los otros cinco que negociaron con el órgano acusador.

El mayor general (r) Carlos Ambrosio Robles Díaz, del Ejército; los coroneles activos Luis Ernesto Vicioso Boció, Francisco Guarín Fernández, Elías Caamaño Pérez y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar (FAD), fueron enviados a cumplir la media en prisión por la gravedad de los hechos que se le imputan y el peligro de fuga que representan, dijo el juez Sena.

En tanto que el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, Bolívar Nicolás Fernández Espinal; los coroneles Andrés Pacheco Valera, y Ramón Quezada Ortiz, así como el primer teniente Wellington Peralta Santos, cumplirán prisión domiciliaria por disposición del tribunal.

El juez valoró la disposición de estos a admitir los hechos que se le imputan y a colaborar con el MP en las investigaciones del caso que continuarán.

Reacción del MP

Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Anticorrupción, cuestionó la decisión del juez, no obstante haber privado de libertad a todos los encartados y declarar la complejidad del caso.

Se quejó de que desde el Poder Judicial “se predica la teoría, el discurso” sobre la necesidad de que hayan más acuerdos en el proceso penal, “pero desde la práctica se envían decisiones contradictorias que podrían desincentivar la realización de acuerdos por parte del Ministerio Público”.

Dijo que no obstante, el Ministerio Público continuará haciendo acuerdos en la medida que las personas cooperen con la investigación.

“Le seguiremos dando el mismo tratamiento y haciendo acuerdos en este y en todos los demás procesos”, señaló el director nacional de Persecución de la Procuraduría General.

Además, informó que “la dinámica de pagos de sobornos” en la contratación de seguridad privada para el Inaipi, Senasa y las tres distribuidoras de energía eléctrica Edenorte, Edesur y Edeeste es más que los RD$108 millones que el MP presentó en la solicitud de medida de coerción, y advirtió que darán con todo.

“Nosotros vamos a ir por todos, y no descartamos un Lobo 2.0”, puntualizó Camacho a la salida de la audiencia que concluyó pasadas las 9:00 de la noche.

Los imputados permanecían en la cárcel del palacio de Ciudad Nueva.

También resaltaron las obras que superan el 80 por ciento en su construcción

Verón, La Altagracia.– En el marco del programa “El Gobierno en las Provincias”, impulsado por el Presidente de la República, Luís Abinader, el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la Gobernación de La Altagracia sostuvieron ayer un encuentro con líderes religiosos, comunitarios, comerciantes y autoridades locales para atender preocupaciones y reforzar el compromiso estatal con el desarrollo de la región.

Durante la actividad, encabezada por el director general del IDAC, Igor Rodríguez Durán, y la gobernadora provincial, Daysi De Óleo, decenas de comunitarios expusieron las principales problemáticas que afectan a la zona, siendo la educación una de las más destacadas. Las autoridades aseguraron que ningún niño se quedará fuera de las aulas en el próximo año escolar, como ha dispuesto el presidente Luis Abinader.

“El crecimiento de esta zona turística exige respuestas rápidas y responsables. Por eso, como ha indicado el presidente Abinader, es una prioridad que cada niño tenga acceso a un espacio digno en las escuelas”, expresó Rodríguez Durán, quien destacó la coordinación con el Ministerio de Educación y su dirección provincial para dar respuesta oportuna a esta necesidad.

La gobernadora De Óleo reiteró que su oficina da seguimiento constante a las inquietudes de la ciudadanía, priorizando temas como la educación, salud, seguridad ciudadana y obras públicas, en coherencia con los lineamientos del Gobierno central. Destacó que este tipo de encuentros fortalecen el vínculo entre las autoridades y la comunidad.

En esa misma línea, el director regional de Infraestructura Escolar, Iván Castro, afirmó que existen aulas y planteles suficientes para acoger a toda la comunidad estudiantil de Verón y las demás demarcaciones de La Altagracia, garantizando así el derecho a la educación en condiciones adecuadas.

Dentro de las obras ya ejecutadas en Verón se destacan la adecuación de Playa Macao, el nuevo CAIPI en Friusa, la reconstrucción del polideportivo y del hospital municipal, mejoras en la avenida Domingo Maíz, y la construcción de escuelas como la Antonio Guzmán Fernández, César Nicolás Penson y Minerva Mirabal, esta última en alianza con el Grupo Punta Cana.

En otras localidades de La Altagracia se han concluido obras como la carretera Mamey-Las Yayas, la modernización del Hospital Materno Infantil, los muros de gaviones en el río Duey, la restauración de la iglesia San Dionisio, una escuela para niños con condiciones especiales, y el complejo habitacional “Vivienda Feliz”, en Higüey.

También se avanza en la construcción del muelle pesquero y el hogar de ancianos en San Rafael del Yuma.

Actualmente, se ejecutan proyectos como el recapeo de la avenida Barceló, la circunvalación Higüey-La Otra Banda, el Hospital Traumatológico, el Hospital Psiquiátrico Emaús, nuevas escuelas y el nuevo mercado municipal de Higüey, además del Palacio Municipal de San Rafael del Yuma, reflejando el dinamismo de la inversión pública en toda la provincia.

A la actividad que fue bendecida por el diácono Héctor Morel Álvarez, asistieron, además, Ramón Ramírez de la Rosa, director del Distrito Municipal Verón Punta Cana; doctora Wendy Castillo, directora provincial de Salud; Félix Vizcaíno, director regional de Turismo, entre otros funcionarios regionales, representantes de los distintos ministerios y direcciones generales.

Finalmente, Rodríguez Durán y la gobernadora Daysi De Óleo, visitaron junto a las autoridades locales las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, donde operan oficinas técnicas del IDAC, realizando un recorrido por la torre de control, el centro de aproximación y otras áreas clave.

Más de 50 mil operaciones aéreas se registran en esta terminal entre enero y junio del 2025, marcando un crecimiento extraordinario en el Caribe.

Santo Domingo.- La primera dama de la República Dominicana, Raquel Arbaje, pidió hoy a las autoridades judiciales imponer sanciones ejemplares contra las personas involucradas en casos de explotación infantil.

Arbaje se refirió a un reciente suceso en el que siete menores fueron rescatadas, tras ser víctimas de explotación sexual comercial en el municipio Sosúa, provincia de Puerto Plata.

«La trata, el uso de una niña, un niño, un ser humano como producto debe ser sancionado», agregó la primera dama al intervenir en la quinta edición del Programa de Desempeño del Servicio Nacional de Salud (SNS), donde se reconoció la gestión de varios hospitales.

La también presidenta del Gabinete de Niñez y Adolescencia recordó que el caso está bajo la jurisdicción de la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes.

Puntualizó que las menores están bajo la protección del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, mientras avanzan las investigaciones.

El domingo pasado 174 mujeres y siete menores fueron rescatadas en operativos contra la trata de personas y la explotación sexual desarrollados en el municipio de Sosúa.

El Ministerio Público informó que en la ofensiva también contra el proxenetismo y el tráfico ilícito de migrantes participaron 35 fiscales y más de 500 agentes.

La operación fue liderada por la Procuraduría Especializada contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, en coordinación con la Fiscalía de Puerto Plata (región norte del país), y comprendió 29 allanamientos y la intervención de 12 pensiones con más de 250 habitaciones, además de 17 centros de expendio de bebidas alcohólicas.

Arbaje expresó su preocupación por el hecho de que en muchos casos son los propios familiares quienes incurren en estos delitos y afirmó que el nuevo Código Penal debe reforzar la protección de los infantes y establecer sanciones claras para quienes violen sus derechos.

«Estamos esperando ver el nuevo Código Penal en los puntos que tengan que ver con niños, niñas y adolescentes», expresó.