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Distrito Nacional, Santo Domingo. – En un ambiente cargado de alegría y festejo propio de la época, colaboradores de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) realizaron su tradicional entrega de juguetes a niños de escasos recursos.

Esta iniciativa que, por años realiza la empresa distribuidora contó con el apoyo de sus colaboradores a través de la Gerencia de Responsabilidad Social, quienes se integraron a apadrinar un niño bajo el enfoque “Has Feliz a un Niño en Navidad”.

Cada año, la actividad se realiza en zonas diferentes dentro de la zona de concesión de Edeeste, tocando este año 2025 a los infantes del sector Capotillo del Distrito Nacional, específicamente en la Iglesia Santa Clara de Asís.

En total, fueron agasajados 112 niños y niñas de diferentes edades, mientras otras decenas de juguetes fueron entregados al padre Candelario Mejía Brito para que esté a su vez los distribuyera entre otros niños de la comunidad.

Cabe resaltar que estos regalos hechos por parte de los colaboradores de Edeeste se debe al resultado del buen ambiente laboral y compromiso social que la empresa ha venido experimentando.

Asimismo, la empresa recordó que continúa ejecutando diversos proyectos de inversión orientados al fortalecimiento y mejora de la calidad del servicio eléctrico en la zona, como parte de su compromiso con ofrecer un suministro más estable, seguro y eficiente a los clientes, en beneficio del desarrollo y bienestar de la comunidad.

Edeeste reitera su compromiso social para que cada año un niño pueda sentir el cariño de la Navidad por vía de estos regalos.

Dirección de comunicación Estratégica de Edeeste

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró este lunes que la persistencia de la contaminación acústica y el desorden que suele acompañar las celebraciones navideñas no es un fenómeno aislado, sino el resultado de prácticas sostenidas por una “industria” que, según afirmó, ignora la ley y vulnera el derecho de los ciudadanos a la tranquilidad.

Raful señaló que los esfuerzos del Estado para hacer cumplir los límites establecidos en la normativa sobre ruido han enfrentado resistencia desde el inicio. “Se trata de actividades que generan desorden y no muestran interés en respetar ni a las personas ni al entorno”, sostuvo al referirse a las dificultades para controlar el uso excesivo de equipos de sonido durante las festividades.

La funcionaria ofreció estas declaraciones al informar sobre las acciones especiales de acompañamiento, orientación y prevención que se ejecutan en todo el país con motivo de las fiestas de fin de año. El objetivo, explicó, es que la población pueda celebrar en un ambiente de convivencia, respeto y tranquilidad.

Durante la rueda de prensa semanal realizada tras la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana —encabezada por el presidente Luis Abinader—, Raful detalló que estas medidas forman parte de una planificación integral que prioriza la presencia institucional, el trabajo cercano con las comunidades y la coordinación entre distintas entidades del Estado.

“Queremos que las familias dominicanas puedan reencontrarse, compartir y disfrutar estas fechas en paz. Nuestro rol es acompañar, orientar y proteger”, enfatizó la ministra, al reiterar el compromiso de las autoridades de garantizar el orden y el respeto a los derechos ciudadanos durante el período navideño.

Santo Domingo.– El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), presidido por el presidente Luis Abinader, juramentó este lunes a los nuevos jueces seleccionados para integrar la Suprema Corte de Justicia (SCJ), tras concluir el proceso de evaluación correspondiente.

El acto se realizó en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, donde fueron juramentados los magistrados Edyson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Hernández Victoria, Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez.

También, fue juramentada como segunda sustituta del presidente de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada Nancy Salcedo Fernández, actual jueza de la alta corte, de conformidad con el artículo 180, párrafo I, de la Constitución de la República.

Además estuvo presente el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero.

Del grupo designado, tres magistrados pertenecen a la carrera judicial y se desempeñaban, hasta el momento, como jueces de cortes de apelación, mientras que los otros dos completan la cuota correspondiente a abogados en ejercicio, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 180 de la Constitución.

Los magistrados Edyson Alarcón Polanco y Miguelina Ureña Núñez fungían como jueces de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, mientras que Manuel Hernández Victoria se desempeñaba como juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la misma corte. En tanto, los abogados y académicos Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez son juristas de reconocida trayectoria profesional. Vásquez Castro es especialista en derecho económico y tributario, mientras que Rodríguez se ha destacado en el ámbito del derecho público

Perfiles profesionales

Edyson Alarcón Polanco

Con más de 30 años de carrera judicial, es reconocido por su especialización en Derecho Civil y propiedad intelectual. Se graduó como abogado a los 20 años y a los 26 fue designado juez de la Corte de Apelación, convirtiéndose, en 1998, en el magistrado más joven en alcanzar ese nivel. Antes de su llegada a la Suprema Corte de Justicia, presidió la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Además de su trayectoria en la judicatura, ha desarrollado una amplia labor académica como docente y coordinador del área de Derecho Privado y Administrativo en la Escuela Nacional de la Judicatura, así como profesor en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Universidad Iberoamericana y la Universidad Central del Este. También participó en la redacción del proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado y presidió la Asociación Dominicana de Derecho Internacional Privado.

Miguelina Ureña Núñez

Con más de 25 años de servicio en el Poder Judicial, es una jueza de carrera con amplia experiencia en el ámbito civil y comercial. Inició su trayectoria en 1992 como jueza de paz, laboró durante 17 años en la Cámara Civil y Comercial de Santiago y, previo a su ascenso a la Suprema Corte de Justicia en 2025, se desempeñó como jueza de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, destacándose en responsabilidad civil, contratos y derecho comercial. En el plano académico, ha tenido una participación relevante en la formación jurídica del país. Es coordinadora de programas de maestría en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y docente en la Escuela Nacional de la Judicatura, con formación de posgrado en derecho civil, societario, comercial y constitucional.

Manuel Hernández Victoria

Cuenta con más de 28 años de carrera judicial. Antes de su ascenso a la alta corte en 2025, fue presidente de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo y segundo sustituto de presidente de esa jurisdicción, desarrollando una trayectoria como juez de carrera desde juez de paz hasta juez de primera instancia en materias civil y comercial. En el ámbito académico, posee un doctorado por la Universidad del País Vasco, así como maestrías en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en Sociedad Democrática, Estado y Derecho. Su formación se complementa con estudios especializados en Derecho Procesal Penal y Civil cursados en instituciones internacionales.

Yorlin Vásquez Castro

Su trayectoria se caracteriza por una sólida formación en derecho y finanzas. Es licenciada en Derecho Magna Cum Laude por la Universidad Abierta para Adultos y licenciada en Contabilidad por la Universidad Nacional de las Ciencias Exactas, lo que respalda un enfoque integral en el ejercicio jurídico. Posee experiencia en Derecho Tributario, Derecho Económico y gestión pública. Antes de su designación en la Suprema Corte de Justicia, se desempeñó como subdirectora jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos, además de ejercer como jueza de paz y jueza de tránsito en el Distrito Nacional.

Namphi Rodríguez

Reconocido como uno de los juristas más influyentes en materia de Derecho Público, se ha destacado por sus aportes a la libertad de expresión y al derecho constitucional, con una incidencia significativa en la defensa de los derechos fundamentales. Ha sido presidente de la Fundación Prensa y Derecho y catedrático de Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuenta con formación especializada en universidades de España, Estados Unidos y Colombia, y es autor de diversas obras jurídicas, entre ellas el Glosario del Proceso Contencioso-Administrativo.

El Consejo Nacional de la Magistratura está integrado, además, por los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez; del Senado de la República, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, así como por la magistrada Nancy Salcedo, el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.

La conexión fraudulenta generaba pérdidas de aproximadamente 1.8 millones al año

Quisqueya, San Pedro de Macorís. – Un operativo ejecutado por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) culminó con el desmantelamiento de un transformador exclusivo instalado de forma irregular para suplir energía a propiedades vinculadas al reconocido expelotero de Grandes Ligas, Alfonso Soriano, en el municipio de Quisqueya.

La distribuidora indicó que Soriano mantenía desde años anteriores dos contratos residenciales regulares, correspondientes a viviendas que en su momento respondían a un perfil de consumo doméstico. No obstante, con el paso del tiempo, una de las propiedades fue transformada en una mansión de gran tamaño y otra pasó a operar como un edificio comercial que alberga un gimnasio de alta demanda energética, además de otros locales, sin que se solicitara a EDEESTE la actualización contractual ni la tramitación del proyecto de interconexión en media tensión exigido por la normativa eléctrica vigente.

Ante el aumento considerable del consumo, que según las mediciones proyectadas ronda los 14,000 kilovatios hora mensuales, el cliente procedió, sin autorización, a la instalación de un transformador exclusivo conectado directamente a la red de media tensión, sin contar con la aprobación técnica correspondiente, lo que motivó la intervención de la distribuidora tras agotar evaluaciones internas y recomendaciones de las áreas de Regulación, Ingeniería y Normas Técnicas.

De acuerdo con informaciones técnicas, mientras las propiedades se mantenían bajo contratos residenciales regulares, el pago mensual conjunto ascendía aproximadamente a 7 mil pesos. Sin embargo, en su condición real de consumo, correspondiente a la tarifa MTD-1 como gran cliente, con un transformador exclusivo de 50 kVA, la facturación estimada por ese nivel de demanda eléctrica se aproxima a los 160 mil pesos mensuales, reflejando una diferencia sustancial entre el consumo real y lo efectivamente facturado.

El desmantelamiento se produjo en el marco de los trabajos de normalización que EDEESTE desarrolla en el municipio de Quisqueya, provincia San Pedro de Macorís, una de las zonas donde la empresa ha concentrado mayores esfuerzos para reducir los altos niveles de pérdidas, que rondan el 80 %, y ordenar el sistema eléctrico. En este proceso, la distribuidora ha enfrentado serias trabas por parte de actores políticos locales renuentes a las acciones de regularización, registrándose además casos de destrucción de medidores, obstrucción de brigadas y resistencia abierta a la normalización de clientes.

De acuerdo con los protocolos establecidos, el operativo en las propiedades del expelotero incluyó acompañamiento técnico, legal y notarial, así como la suspensión del contrato correspondiente, manteniéndose vigilancia permanente para evitar nuevas interconexiones irregulares.

El caso ha generado comentarios dentro del sector eléctrico al tratarse de una figura pública, reforzando el mensaje de que los procesos de normalización y cumplimiento regulatorio se están aplicando sin excepciones, incluso en contextos de alta presión social y política.

EDEESTE reiteró que la lucha contra el fraude eléctrico constituye una prioridad estratégica para la empresa, no solo por el impacto económico que genera sobre el sistema, sino por las distorsiones que provoca en la calidad y equidad del servicio para los usuarios que cumplen con sus obligaciones.

En ese sentido, la distribuidora subrayó que las personas con liderazgo social o influencia en sus comunidades están llamadas a actuar de manera ejemplar, promoviendo el respeto a la legalidad y a las normas que rigen el sector eléctrico, ya que su comportamiento incide directamente en la cultura de cumplimiento y en la convivencia colectiva.