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El senador Miguel Uribe Turbay, aspirante a la Presidencia de la República en 2026, falleció este lunes 11 de agosto de 2025 tras permanecer poco más de dos meses en estado crítico por el atentado que sufrió el 7 de junio en Bogotá, Uribe Turbay fue atacado a tiros al salir de un acto político en la localidad de Fontibón, donde recibió al menos tres disparos, dos de ellos en la cabeza, lo que motivó su traslado inmediato a la clínica Medicentro.

Debido a la gravedad de las heridas, fue remitido a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde le practicaron complejas intervenciones neuroquirúrgicas y procedimientos vasculares periféricos para intentar salvarle la vida.

En la Unidad de Cuidados Intensivos, un equipo especializado en neurología realizó una primera cirugía que ofreció resultados esperanzadores, pero el cuadro clínico empeoró con el paso de los días. El 16 de junio, los médicos lo operaron de urgencia por un sangrado intracerebral agudo. A pesar de la rápida intervención, en horas de la tarde la institución confirmó que el paciente se encontraba en condición extremadamente crítica, con edema cerebral persistente y sangrados de difícil control.

Mientras el equipo médico luchaba por estabilizarlo, cientos de ciudadanos se congregaban a diario frente a la Fundación Santa Fe para orar por su recuperación. El 15 de junio, miles participaron en la “Marcha del Silencio”, un acto simbólico por la paz y contra la violencia en Colombia. El 10 de agosto, su esposa, María Claudia Tarazona, informó que su salud había empeorado y convocó a rezar un rosario al día siguiente. El senador falleció hacia las 2:00 de la madrugada en la Fundación Santa Fe, en el norte de Bogotá.

Nacido en Bogotá el 28 de enero de 1986, Miguel Uribe Turbay era hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada en 1991 durante un fallido operativo de rescate tras su secuestro por el grupo narcoterrorista Los Extraditables. Nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala y del dirigente liberal Rodrigo Uribe Echavarría, se graduó como abogado en la Universidad de los Andes y obtuvo maestrías en Políticas Públicas y Administración Pública en la misma institución y en la Universidad de Harvard.

Su carrera política inició en 2012 como concejal de Bogotá, donde se destacó como opositor del entonces alcalde Gustavo Petro. En 2014 fue elegido presidente del Concejo y en 2016 designado secretario de Gobierno por Enrique Peñalosa, siendo el funcionario más joven en ocupar el cargo. En 2019 aspiró a la Alcaldía de Bogotá, obteniendo más de 426.000 votos. En 2022 fue el senador más votado del país por el Centro Democrático, manteniendo una postura firme frente al Gobierno Petro, especialmente en temas de seguridad y economía.

El 4 de marzo de 2025 anunció su candidatura presidencial y se consolidó como el precandidato más fuerte de su partido. Su perfil, joven, con formación internacional y amplia experiencia en gestión pública, despertó entusiasmo en sectores de centroderecha que buscaban una renovación política.

En su última intervención pública, grabada poco antes del atentado, Miguel Uribe Turbay cuestionó la consulta popular convocada por decreto por el presidente Gustavo Petro, a la que calificó como un “autogolpe de Estado” y un acto ilegal que vulnera la Constitución. Anunció que promovería acciones legales para impedirla y aseguró que “nadie está por encima de la ley” en defensa de la democracia y del futuro del país.

NUEVA YORK.- Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la Franja de Gaza en una tensa reunión con el resto de países miembros del Consejo de Seguridad, que han exigido junto a expertos de la ONU la suspensión inmediata de estos planes ante la nueva catástrofe humanitaria que podrían representar.

La orden de Netanyahu comporta la ocupación de la ciudad de Gaza y los campamentos de la costa central del país en lo que supondría una nueva expulsión forzada de más de un millón de palestinos, presumiblemente hacia el sur del país. El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, acabó aceptando a regañadientes la operación a pesar del coste que puede suponer para las fuerzas israelíes y el peligro que representa para los rehenes en manos de las milicias palestinas, según informaron los medios israelíes.

Desde el anuncio de la operación la madrugada del viernes, numerosos países y organizaciones han pedido a Israel que no siga adelante, una solicitud que han repetido durante la reunión. El secretario general adjunto para Europa, Asia Central y las Américas, Miroslav Jenca, abrió el turno de palabra para avisar que este plan va a desencadenar «otra calamidad en Gaza, con repercusiones en toda la región y causando más desplazamientos forzados, asesinatos y destrucción».

El representante de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Ramesh Rajasingham, avisó que la operación ocurre en un momento extremadamente crítico por la inanición de la población de la Franja, físicamente incapaz de un nuevo desplazamiento masivo. «Las pocas líneas de vida que quedan se están derrumbando bajo el peso de las hostilidades sostenidas, el desplazamiento forzado y la insuficiencia de ayuda vital. Ya no se trata de una crisis de hambre inminente: es inanición», ha avisado.

Uno de los discursos más contundentes fue el pronunciado por el representante adjunto de Rusia, Dmitri Polianski, quien denunció tanto la tardanza de esta reunión como un engaño de Israel al recordar que su ministro de Exteriores, Gideon Saar, «se dirigió a este Consejo el 5 de agosto y derramó lágrimas de cocodrilo, en esta misma cámara por la suerte de los rehenes israelíes» cuando «ya sabía que el gabinete israelí iba a tomar esta decisión».

Después de que el representante israelí, Danny Danon, insistiera en redes sociales en que Israel no detendrá sus operaciones «hasta que todos los rehenes regresen a casa» y declarara que la sesión de este domingo «no es más urgente que la obligación moral de repatriar a quienes fueron secuestrados hace 22 meses, la representante de EEUU, Dorothy Shea, ha declarado su respaldo total a Israel y dudado una vez más del papel de algunos integrantes del consejo, empeñados en beneficiar a Hamás.

«La reunión de hoy es un ejemplo del papel contraproducente que han desempeñado demasiados gobiernos en este Consejo y en todo el sistema de Naciones Unidas sobre esta cuestión. En lugar de presionar a Hamás, los miembros de este órgano han alentado y recompensado activamente su intransigencia, prolongando la guerra difundiendo mentiras y cediendo victorias propagandísticas a los terroristas», ha indicado.

El embajador de Israel ante la ONU, Brett Jonathan Miller, también rechazó las críticas a los planes del gobierno israelí. «Esto no es una conquista. Israel no tiene planes ni deseos de ocupar Gaza permanentemente. Esto es la liberación de un régimen terrorista brutal», ha manifestado.

También hubo turno de palabra para el veterano representante palestino Riad Mansur, en su habitual calidad de observador, quien denunció «los planes ilegales e inmorales» de Israel, que «requieren «la movilización de todos los instrumentos disponibles para detenerlos».

«Su objetivo es la destrucción del pueblo palestino mediante traslados forzosos y masacres para facilitar la anexión de su territorio», ha denunciado Mansur, sin explicarse «cómo es posible que Israel siga sentado en esta mesa» del Consejo de Seguridad.

Cabe recordar que, horas antes, los miembros europeos del Consejo de Seguridad, entre ellos Francia y Reino Unido como miembros permanentes, también condenaron al unísono la nueva operación israelí en la Franja de Gaza en una declaración previa a la reunión.

«Condenamos la decisión del Gobierno de Israel de ampliar aún más sus operaciones militares en Gaza», han manifestado en una declaración conjunta los representantes de Reino Unido, Dinamarca, Francia, Grecia y Eslovenia, contra un plan que «podría violar el derecho internacional humanitario.

«Instamos a Israel a revocar urgentemente esta decisión y a no implementarla y reiteramos que cualquier intento de anexión o de ampliación de asentamientos viola el derecho Internacional», han añadido antes de pedir a Israel que sea la Autoridad Palestina — a la que Mansur representa, y en contra de las intenciones del Gobierno israelí, que apuesta por una autoridad civil independiente — quien desempeñe un «papel central» en el futuro político de Gaza.

Estados Unidos duplicó este jueves la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro de US$25 millones a US$50 millones, una decisión que, por supuesto, no le gustó al régimen venezolano, pero tampoco al presidente de Colombia Gustavo Petro.

“No creo que la solución de los problemas políticos de los venezolanos pase por poner dinero para matar o capturar líderes políticos”, escribió el mandatario colombiano en su cuenta de X.

Esta cifra de US$50 millones es considerada la recompensa más grande en la historia de Estados Unidos, incluso el doble de la ofrecida por Osama bin Laden tras los atentados del 11 de septiembre.

La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, al hacer el anuncio de la recompensa, señaló que Maduro estaba directamente vinculado a operaciones de narcotráfico, acusándolo de ser “uno de los mayores narcotraficantes del mundo”.

En su trino, Petro dijo estar de acuerdo con la lucha contra las organizaciones narcotraficantes, enfocándose en los capos, sus finanzas y la incautación masiva de mercancía ilícita, siempre “sobre la base del respeto a la soberanía nacional”.

En su opinión, Venezuela necesita “un diálogo abierto entre todas sus fuerzas para unas elecciones libres”, y considera que “ni encarcelando dirigentes políticos ni inhabilitándolos ni tampoco persiguiendo dirigentes oficialistas, con la amenaza de la cárcel o la muerte, permitirán una salida pacífica”.

El mandatario colombiano también destacó una supuesta cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico. “He recibido apoyo de Maduro y el general Padrino para derrotar los grupos narcotraficantes de la frontera con ese país. El apoyo ha sido contundente y debe continuar”, aseguró Petro.

El Gobierno de Venezuela tachó de «patética» y «ridícula» la nueva recompensa de 50 millones de dólares ofrecida este jueves por Estados Unidos por «información que conduzca al arresto» del presidente Nicolás Maduro, a quien acusa de colaborar con organizaciones de narcotráfico y de terrorismo de Estado.»La patética ‘recompensa’ de Pamela Bondi es la cortina de humo más ridícula que hemos visto», indicó el canciller de Venezuela, Yván Gil en un mensaje en redes sociales.

«Su show es un chiste, una desesperada distracción de sus propias miserias. La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política», añadió.