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SANTO DOMINGO.- El partido Fuerza del Pueblo cuestionó este jueves la calidad de las obras de infraestructura vial ejecutadas por el Gobierno  y consideró baja la inversión oficial para garantizar la seguridad en las carreteras del país.

Mario Holguín, titular de Seguridad Vial de FP, dijo en nombre de esta organización  que la seguridad vial debe ser una prioridad de Estado, no una promesa de campaña.

En rueda de prensa demandó del Gobierno «transparencia, control y acción urgente» para frenar lo que llamó epidemia de muertes en las vías de República Dominicana.

CALIDAD DE OBRAS ES INFERIOR AL PRESUPUESTO DESTINADO

Basándose en informaciones del Ministerio de Obras Públicas,  Holguín dijo que  más del 50% del presupuesto de esta cartera se destina a mantenimiento, conservación y rehabilitación de carreteras y caminos vecinales pero la calidad de estas obras es «evidentemente inferior, lo cual contrasta con los informes oficiales que presentan una gestión exitosa».

“El crecimiento económico del país depende en gran parte de su red vial, pero la asignación presupuestaria no refleja una verdadera prioridad por la seguridad de los usuarios”, indicó.

BRECHA PRESUPUESTARIA EN EL SECTOR

Agregó que de los aproximadamente 6 mil millones de pesos asignados en 2025 para la movilidad urbana, no se especifica cuánto se dedicará directamente a seguridad vial.   «En contraste, se destinarán 20 mil millones de pesos al sector transporte, una brecha presupuestaria que, según el dirigente político, “evidencia el bajo compromiso del gobierno con la protección de vidas humanas en las vías públicas”, señaló.

También resaltó que, aunque el fideicomiso RD-Vial dispone de unos 17 mil millones de pesos, apenas entre un 12% y 15% del presupuesto del MOPC se destina a seguridad vial, fiscalización, educación e infraestructura segura, lo que equivaldría a unos 900 millones de pesos anuales.

Santo Domingo. – El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, emplazó este jueves a la dirigencia del PRM, encabezada por su presidente José Ignacio Paliza, a acudir a organismos internacionales como la DEA e Interpol para traer al país las delaciones de narcotraficantes que hayan firmado acuerdos con las autoridades estadounidenses.

Lorenzo afirmó que esta acción permitiría reparar el daño a la política nacional, asegurando que el PRM ha afectado la imagen del sistema de partidos en la República Dominicana.

“Si se hiciera eso que estamos sugiriendo, le estaríamos haciendo un gran servicio al país”, señaló durante su participación en el programa El Sol de la Mañana.

El exsenador sostuvo que desde su fundación, el PRM ha estado vinculado a financiamiento procedente del narcotráfico, influencia que, según él, se mantuvo incluso cuando el partido llegó al poder en 2020.

“En defensa de la inmensa mayoría de los jóvenes dominicanos siempre quisimos que el país conociera que el PRM estaba opacado con el dinero del narcotráfico”, indicó.

Asimismo, Lorenzo criticó la gestión de los organismos de control, a los que acusó de complicidad por omisión en casos de presunto lavado de activos y financiamiento ilícito durante la pasada administración. Recordó que, en su calidad de legislador, planteó la inquietud sobre los depósitos millonarios reportados por el PRM ante la Junta Central Electoral, sin que se tomara acción.

El dirigente del PLD advirtió que esta situación compromete a legisladores, funcionarios municipales y miembros del ejecutivo vinculados al PRM, afectando la confianza ciudadana en la partidocracia dominicana.

Reiteró que su propuesta es un desafío directo a la alta dirigencia del PRM, invitando a Paliza a participar activamente para confrontar lo que calificó como “el peor problema que puede enfrentar un país: el narcotráfico politizado”.

La DNCD informó que Fabio Augusto Jorge-Puras, exasesor honorífico para las zonas francas es investigado por la Administración de Control de Drogas 

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) manifestó que ninguna conducta individual de vínculos con el narcotráfico podrá colocarse por encima de la ley, ni comprometer el prestigio de esa organización política.

A través de un comunicado de prensa, el PRM expresó su posición “firme y categórica” frente a manifestaciones vinculadas al narcotráfico u otras actividades ilícitas que atenten contra la ley, el Estado de derecho y los valores democráticos del país.

“El PRM ha sido, es y seguirá siendo implacable en la defensa de la legalidad, la transparencia y la ética pública. Estos principios constituyen el núcleo de nuestra identidad institucional y el compromiso invariable que sostenemos con la nación dominicana”, cita el comunicado.

En ese sentido, manifestaron su respaldo a las acciones del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico “orientada a fortalecer las instituciones, consolidar el imperio de la ley y garantizar que toda persona responda por sus actos ante la justicia, sin excepciones ni privilegios”.

Señalan que desde el oficialismo no tolerarán acciones o comportamientos que vulneren los principios de integridad, justicia y respeto al orden jurídico que los define como organización.

“Nuestro partido no tolera, ni tolerará, bajo ninguna circunstancia, acciones o comportamientos que vulneren los principios de integridad, justicia y respeto al orden jurídico que nos definen como una organización comprometida con la transparencia, la democracia y el bienestar del pueblo dominicano”, dice el citado comunicado.

Caso narcotráfico

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que Fabio Augusto Jorge-Puras, exasesor honorífico para las zonas francas es investigado por la Administración de Control de Drogas (DEA), con relación a tráfico de sustancias ilícitas y hay una orden de arresto en su contra.

Según dichas investigaciones, las operaciones ilícitas se habrían realizado entre el año 2003 y 2019.

El empresario Jorge-Puras fue desvinculado de su posición mediante el decreto 273-25, de fecha 23 de mayo, luego que las autoridades estadounidenses comunicaron de la investigación a la DNCD, bajo la firme decisión del Gobierno de que hay consecuencias para los que se apartan de los cánones legales.